Durante su intervención en este encuentro organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, Sánchez aseguró que el Gobierno entiende las “dificultades que el sector está afrontando”, entre ellas, el alza de los precios de los combustibles y la relación “complicada” que tienen con los cargadores.

No obstante, señaló que “muchas” de las reivindicaciones del sector “exceden” las competencias del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y se enmarcan en las relaciones privadas entre cargadores y transportistas.

En esta coyuntura, Raquel Sánchez aseveró que el Gobierno tiene la “disposición total y absoluta” de dialogar con el sector para poder llegar a un acuerdo que solucione el conflicto actual con los transportistas, que son “fundamentales” para la economía española y jugaron un “papel decisivo” durante la pandemia del coronavirus.

“Llevamos tiempo hablando con el sector y nos hemos reunido para plantear medidas que pudieran ayudar a resolver estas reivindicaciones”, prosiguió Sánchez, quien señaló que el Gobierno tiene “la disposición total y absoluta a seguir hablando”.

Por último, Sánchez aseguró que el Ministerio de Transportes puede hacer de “agente mediador” para resolver los problemas del sector y se mostró “convencida” de que, “en base al diálogo”, se evitará la huelga y se superará la crisis del sector.

400 MILLONES

Raquel Sánchez aprovechó su intervención para anunciar que el Gobierno aprobará un real decreto-ley para posibilitar una transferencia de 400 millones de euros que irá destinada a descarbonizar el transporte profesional por carreteras y transformar las flotas de camiones.

Sánchez explicó que la pretensión del Gobierno es aprobar esta nueva línea de ayudas antes de que finalice el mes, con el objetivo de avanzar en la mejora de la sostenibilidad del transporte.

PEAJES

Respecto a la normativa del sistema de peajes que el Gobierno prevé aprobar en los próximos meses, Sánchez aseguró que es “absolutamente irresponsable” no plantear el debate y recordó que la voluntad del ministerio es que la regulación final sea “fruto” del diálogo con los agentes económico y sociales, comunidades autónomas y partidos políticos.

Así, la ministra señaló que la voluntad del Ejecutivo es implementar un modelo que logre cumplir con los objetivos de sostenibilidad y equidad de España y eliminar los “desequilibrios” que generó la anterior red de peajes.