“No nos reunimos para blanquear dinero ni para obstruir la acción judicial, ese no era el caso, sino para preparar la estrategia de la defensa”, dijo en su declaración como testigo en el juicio que el Tribunal Supremo está celebrando contra Garzón por haber ordenado intervenir las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los presuntos cabecillas del “caso Gürtel” con sus abogados.

Además de como testigo, Peláez actúa en el juicio como acusación, solicitando 10 años de inhabilitación para el juez.

Peláez arrancó su declaración señalando que fue compañero de Garzón en la Audiencia Nacional. “Le sigo respetando como profesional”, señaló.

REUNIONES EN LA CÁRCEL

El exfiscal admitió que, entre los meses de febrero y marzo de 2009, se reunió unas “siete u ocho veces” en la cárcel de Soto del Real (Madrid) con Francisco Correa y Pablo Crespo, a pesar de no ser su abogado.

Explicó que se reunió con ellos para preparar la defensa de su cliente, el empresario José Luis Ulibarri, también imputado en la trama de corrupción del "caso Gürtel".

El abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, le preguntó en repetidas ocasiones si había sido autorizado para visitar en la cárcel a internos que no eran su cliente.

Hizo referencia en este sentido al artículo 38 del Reglamento Penitenciaria, que señala que el abogado que visita a un preso que no es cliente suyo debe pedir permiso al juez de instrucción.

Peláez se defendió asegurando que había sido “expresamente llamado” por Correa y Crespo, por lo que no considera que “necesitase la autorización del juez”.

BLANQUEO DE DINERO

En su declaración como acusado, que tuvo lugar el martes, Garzón explicó que decidió intervenir las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los imputados del “caso Gürtel” ante los indicios que indicaban que los cabecillas de la trama de corrupción continuaban con su actividad delictiva desde prisión, blanqueando y desviando dinero a paraísos fiscales con la ayuda de varios abogados.

Peláez reiteró que no se reunió con Correa y Crespo para blanquear dinero, y calificó la intervención de sus conversaciones con ellos en la cárcel de “quebrantamiento de la intimidad”.

“El simple hecho de que se me estuviese escuchando ya me parece grave. Cuando se levantó el secreto sumarial descubrí para gran sorpresa mía, que creo que estoy en un Estado de Derecho, que me han grabado en la cárcel”, dijo.

El exfiscal de la Audiencia Nacional también aseguró que en alguno de los interrogatorios judiciales que tuvieron lugar después de la intervención de las conversaciones la Fiscalía realizó preguntas “muy sagaces”, porque ya conocía lo que iba a declarar su cliente.

Aseguró asimismo en este sentido que el 6 de marzo de 2009, cuando Ulibarri fue llamado a declarar como imputado, Garzón, gracias a la intervención de las comunicaciones, “ya sabía lo que iba a responder, él y los fiscales ya tenían en su poder el informe policial donde se decía que iba a declarar mi cliente”.

“Si sabía lo que iba a contestar no hacía falta la declaración, se la podría haber ahorrado. Con esas actitudes no hace falta abogado defensor”, indicó.

Al igual que hiciera el martes Garzón para declarar, Peláez tuvo que quitarse la toga para poder testificar ante el tribunal. Para evitar que pueda escuchar lo que dicen otros testigos pidió declarar el primero para no tener que abandonar la sala.

MÁS TESTIGOS

También comparecerá este miércoles en calidad de testigo uno de los agentes que participó en la intervención de las comunicaciones.

Está previsto asimismo que declaren durante esta jornada ante el Supremo otros tres policías pertenecientes a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Por último prestará testimonio Vicente Maroto, el funcionario del juzgado de Garzón en la Audiencia Nacional que se dedicó a la instrucción del “caso Gürtel”.

Este testimonio último fue aceptado por el tribunal el martes, al inicio de la vista oral. La defensa de Garzón solicitó su declaración en el trámite de las cuestiones previas, y el tribunal, si bien rechazó la mayoría de sus pretensiones, sí accedió a esta comparecencia.

El juez, suspendido cautelarmente desde hace casi dos años, aseguró además que en estas diligencias siempre garantizó el derecho de defensa y dijo que no le interesaba conocer la estrategia de defensa.

Garzón está acusado de intervenir de forma ilegal hasta 25 comunicaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados del “caso Gürtel” –Francisco Correa y Pablo Crespo- con sus abogados entre febrero y abril de 2009.

Se le atribuyen en esta causa delitos de prevaricación y de violación de las garantías constitucionales y se enfrenta a penas de hasta 17 años de inhabilitación y multa de 3.240 euros.