Con motivo de esta fecha, que se cumple mañana, WWF ha analizado el trabajo llevado a cabo por las comunidades autónomas, centrándose en las cinco de mayor extensión: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura.

La Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural se aprobó en 2004 para erradicar un problema que causa la muerte a especies muy amenazadas, como el águila imperial ibérica, el buitre negro, el alimoche, el quebrantahuesos o el milano real.

Para llevar a cabo este análisis, la ONG se ha basado en ocho indicadores, que contemplan desde la dotación de recursos a la aplicación de sanciones, formación del personal o sensibilización social.

La primera de la lista, y la única que aprueba el examen, es Andalucía, y lo hace además “con buena nota” en todos los criterios considerados. No obstante, los ecologistas matizan que, “si se realiza un análisis más detallado, el trabajo y los resultados resultan desiguales según cada una de las provincias andaluzas”.

Las demás “se quedan en un insuficiente”. Destaca el caso de Extremadura, la peor calificada, que directamente “ignora la existencia del problema”, lo que tiene como consecuencia “que no se elaboran planes de actuación, ni se apliquen medidas de vigilancia, prevención y sanción”.

WWF cree que la ejecución de los planes de lucha contra el veneno ha de llevarse a cabo con mayor homogeneidad en todo el territorio, e insta a las distintas administraciones a “avanzar con más agilidad tanto en la prevención como en las sanciones, ya que se trata de un problema que afecta a todos los rincones del país”.