Garzón. Se reanuda el juicio con la declaración de seis testigos

MADRID
SERVIMEDIA

El juicio que el Tribunal Supremo está celebrando contra el juez Baltasar Garzón por haber intervenido las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los cabecillas del “caso Gürtel” y sus abogados se retoma este miércoles con la declaración de seis testigos.

Entre los testigos destaca el abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, artífice de la querella contra Garzón y una de las tres acusaciones que hay en el juicio, solicitando 10 años de inhabilitación para el juez.

También comparecerá en calidad de testigo uno de los agentes que participó en la intervención de las comunicaciones que mantuvieron los presuntos cerebros de la trama de corrupción, Francisco Correa y Pablo Crespo, tras ser encarcelados en febrero de 2009.

Está previsto asimismo que declaren ante el Supremo otros tres policías pertenecientes a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Por último, prestará testimonio Vicente Maroto, el funcionario del juzgado de Garzón en la Audiencia Nacional que se dedicó a la instrucción del “caso Gürtel”.

Este testimonio último fue aceptado por el tribunal el martes, al inicio de la vista oral. La defensa de Garzón solicitó su declaración en el trámite de las cuestiones previas y el tribunal, si bien rechazó la mayoría de sus pretensiones, sí accedió a ésta comparecencia.

BLANQUEO DE DINERO

En su declaración como acusado, Garzón explicó que decidió intervenir las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los imputados del “caso Gürtel” ante los indicios que indicaban que los cabecillas de la trama de corrupción continuaban con su actividad delictiva desde prisión, blanqueando y desviando dinero a paraísos fiscales con la ayuda de varios abogados.

Garzón está acusado de intervenir de forma ilegal hasta 25 comunicaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados del “caso Gürtel” –Francisco Correa y Pablo Crespo- con sus abogados entre febrero y abril de 2009.

Se le atribuyen en esta causa delitos de prevaricación y de violación de las garantías constitucionales y se enfrenta a penas de hasta 17 años de inhabilitación y multa de 3.240 euros.

(SERVIMEDIA)
18 Ene 2012
DCD/jrv/caa