Los magistrados, tras un receso de más de una hora para deliberar, acordaron que está audición se realice a puerta cerrada y sin asistencia de público. Además, no se reproducirán “las cintas excluidas por el propio instructor por afectar al derecho a la defensa”.

El tribunal también ha aceptado llamar a declarar como imputado a Vicente Maroto, el funcionario del juzgado de Garzón en la Audiencia Nacional que se dedicó a la instrucción del “caso Gürtel”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en cambio, ha rechazado el resto de las pretensiones de Garzón. Los magistrados adoptaron estas decisiones tras retirarse durante más de una hora para deliberar.

En el trámite de cuestiones previas, la defensa de Garzón volvió a plantear la recusación contra dos magistrados del tribunal –Luciano Varela y Manuel Marchena-, reclamó una segunda instancia para el antiguo titular de la Audiencia Nacional y solicitó la práctica en el juicio de una serie de pruebas que ya fueron rechazadas tanto en instrucción como en la fase de preparación de la fase oral.

El presidente del tribunal, el magistrado Joaquín Giménez, explicó que procedía rechazar las recusaciones porque “se trata de una cuestión que ya está resuelta”.

En lo referente a la segunda instancia, el presidente dijo que se trata de “una previsión legal que no es renunciable”.

Giménez explicó que se dará “una explicación más detalladas en la propia sentencia” sobre el rechazo a las peticiones de la defensa de Garzón.

El tribunal decretó un nuevo receso para comer y la vista oral se retomará a las 17.00 horas con el interrogatorio a Garzón.

OPOSICIÓN DE LAS ACUSACIONES

El abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, artífice de la querella contra Garzón y principal acusación en el juicio, solicitó al tribunal que desestimase todas las peticiones realizadas por el juez suspendido.

Lo mismo hicieron las otras dos acusaciones, ejercidas por las representaciones del presunto cerebro del “caso Gürtel”, Francisco Correa, y de su supuesto “número dos”, Pablo Crespo. Los letrados de las acusaciones aseguran que, con estas peticiones, Garzón pretende “dilatar el proceso”.

El representante de la Fiscalía, Antolín Herrero, se opuso igualmente a la mayoría de pretensiones formuladas por la defensa del antiguo juez de la Audiencia Nacional.

El Ministerio Público, al igual que en los otros dos procesos abiertos en el Supremo contra Garzón, no ejerce la acusación al considerar que el juez no cometió delito alguno.

Garzón está acusado en esta causa de delitos de prevaricación y de violación de las garantías constitucionales y se enfrenta a penas de hasta 17 años de inhabilitación y multa de 3.240 euros.