De forma complementaria, su abogado, Francisco Baena Bocanegra, reclamó que Garzón, si es condenado, pueda acudir a una segunda instancia, un derecho fundamental del que no puede disfrutar por su condición de aforado.

El letrado, en el trámite de cuestiones previas, explicó que reiteraba la recusación de Varela y Marchena, que ya había sido rechazada por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional.

Baena explicó que la resolución del Constitucional señalaba que “cabía volver a plantear la pretensión” de recusación al inicio de la vista oral. “La sala tiene que comprender la necesidad de hacerlo para no interponer recurso de amparo ante el Constitucional”, dijo el abogado.

Garzón ha interpuesto a lo largo del proceso un total de siete recusaciones. Con estas maniobras, el juez suspendido cuatelarmente logró apartar del tribunal al presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Manuel Soriano y José Manuel Maza.

El acusado, en cambio, no logró apartar a los magistrados Luciano Varela y Manuel Marchena, a los que también recusó.

SEGUNDA INSTANCIA

Otra de las cuestiones previas planteadas por la defensa de Garzón fue la relativa a una segunda instancia. Los aforados sólo tienen derecho a una instancia jurídica, ya que son juzgados directamente por el Tribunal Supremo y no pueden apelar a un órgano jurídico superior.

Baena Bocanegra subrayó el derecho constitucional de “toda persona a someter el fallo condenatorio a un tribunal superior”. Hizo referencia en este sentido a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

“En el presente caso, la condición de aforado de Garzón le va a impedir un derecho plenamente reconocido”, señaló el letrado.

En base a todos estos elementos, la defensa de Garzón solicitó que, de dictarse una sentencia condenatoria, “la causa pueda ser sometida a un tribunal superior”, y sugirió que esta nueva instancia sea constituida por la Sala Especial –conocida como la Sala del 61- del propio Tribunal Supremo. “Pensamos que este juicio no se puede celebrar hasta que no se haya hecho esa prevención”, dijo el abogado.

NUEVAS PRUEBAS

Baena aprovechó las cuestiones previas para solicitar de nuevo varias de las pruebas que le han sido rechazadas tanto en instrucción como en la preparación de la vista oral. Entre estas nuevas pruebas destaca la incorporación a la causa de las diligencias seguidas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el marco del “caso Gürtel”.

El abogado explicó que el instructor del “caso Gürtel” en el TSJM, el magistrado Antonio Pedreira, prorrogó la intervención de las comunicaciones decretada por Garzón, por las que ahora se sienta en el banquillo de los acusados.

“Esta prueba es necesaria, el tribunal debe conocer este testimonio, es básico en este caso”, dijo Baena Bocanegra.

El juez, suspendido cautelarmente en sus funciones, se enfrenta a penas de hasta 17 años de inhabilitación por delitos prevaricación y de vulneración de las garantías constitucionales.

Se le acusa de intervenir de forma ilegal hasta 25 comunicaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados del “caso Gürtel” –Francisco Correa y Pablo Crespo- con sus abogados entre febrero y abril de 2009.

ADVERTENCIA DEL TRIBUNAL

Nada más iniciarse la vista oral, el presidente del tribunal, el magistrado Joaquín Giménez, dejó las cosas claras. “Esto es un juicio, están prohibidas las muestras de aprobación o desaprobación, el tribunal va a ser inflexible en el mantenimiento del orden”, dijo.

Garzón, en su calidad de licenciado en Derecho, no ocupó el banquillo de los acusados sino que, ataviado con una toga, se sentó junto a su abogado en el estrado de letrados.

Además de Giménez, componen el tribunal los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena y Miguel Colmenero, quien hará de ponente.