En concreto, el tribunal ha establecido en un auto hecho público hoy que la responsabilidad civil subsidiaria de Caja Madrid en el caso “asciende a un principal de 12.227.926 euros”.

“La referida cantidad ha de ser consignada por Caja Madrid Bolsa, más el 30 por ciento de lo reclamado, calculado para satisfacer los intereses moratorios y procesales vencidos, en el plazo de ocho días, contados desde el siguiente a la notificación de esta resolución, con apercibimiento de embargo si no lo efectuare”, indica el auto.

Esta resolución ha sido dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el mismo tribunal que, en marzo de 2008, condenó a 11 años de prisión a Antonio Camacho, propietario de Gescartera, al considerarle el "cerebro" de la trama defraudatoria que generó un agujero patrimonial de más de 50 millones de euros en la agencia de valores y que afectó a cerca de 4.000 inversores.

Los magistrados de la Sección Cuarta, presididos por Carmen Paloma González Pastor, señalan además que, “una vez producido el ingreso, se procederá al reparto de la cantidad resultante, junto con las otras cantidades obtenidas a otros responsables penales y civiles, entre todos los acreedores perjudicados en proporción al perjuicio fijado en la sentencia (cuando dichos acreedores aparezcan en ella) o en el trámite de ejecución de sentencia (en el caso de que haya quedado su determinación para esta fase procesal)”.

RECTIFICACIÓN DEL SUPREMO

El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada en noviembre de 2009, rectificó la resolución del Audiencia Nacional y anuló la responsabilidad civil subsidiaria de "la Caixa". Además, limitó la cantidad con la que Caja Madrid debía compensar a los clientes de la agencia de valores.

En concreto, el Alto Tribunal estableció que Caja Madrid tan sólo era responsable de lo "ilegítimamente distraído" de sus cuentas durante el tiempo en que operó como depositaria de Gescartera, desde noviembre de 1999.

La resolución del Supremo aseguraba que la entidad bancaria vulneró la legislación vigente sobre apertura de cuentas y gestión individualizada de las carteras, lo que "favoreció objetivamente la estrategia delictiva de los responsables" de Gescartera.