En rueda de prensa tras la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, donde se aprobó la medida, la ministra indicó que se estima un coste anual de esta herramienta de 10 millones de euros, y apuntó que estará en marcha antes de final de año.

Según las estimaciones de Economía, inicialmente se van a gestionar unas 200.000 peticiones de créditos que resultaron fallidos en un primer intento. El importe máximo de cada operación será de 2 millones de euros.

El "Facilitador Financiero" sólo trabajará con aquellas entidades que firmen un convenio de colaboración con el ICO, apuntó la ministra, quien explicó que las entidades financieras más importantes del país ya han sido consultadas y están a favor de la medida.

Esta figura mediará con la entidad financiera, estudiando la posibilidad de encajar la solicitud de la pyme en alguna de las líneas abiertas por el ICO y trasladará al cliente la respuesta final de la misma.

Además, asesorará a las empresas y autónomos en el procedimiento de tramitación del crédito y revisará los expedientes de crédito denegados.

La titular de Economía reconoció que en algunos casos las entidades "pecan por exceso de prudencia" y "han reducido mucho el crédito".

Para las que "mejor se porten" y mejor cumplan los convenios firmados, el Gobierno se compromete a incrementar el ratio de cobertura de la morosidad de los créditos que concedan en el marco de las líneas del ICO.

CÁMARAS DE COMERCIO

Para hacer frente a estas tareas, el ICO dispondrá de una aplicación informática y un "call center" que canalizarán las solicitudes, así como de una central de análisis de riesgo donde se estudiará cada caso.

Asimismo, el ICO pondrá a disposición de pymes y autónomos una red territorial de asesores financieros y que se ubicarán físicamente en las instalaciones de instituciones colaboradoras en todo el país, como la ventanilla única de las Cámaras de Comercio.

Salgado explicó que quienes asesorarán a las empresas y autónomos, unos 70 en principio, serán personas trabajadores prejubilados con experiencia en la materia que serán contratados por las Cámaras.

Que la medida se limite a pymes y autónomos responde, según la vicepresidenta, a que las grandes empresas y los proyectos importantes "no tienen ningún problema de financiación".

Por otra parte, la ministra se refirió a las manifestación de empresas impagadas que se celebró hoy en Madrid, para indicar que es un tema que preocupa al Ejecutivo, tanto que estaría dispuesta a considerar medidas que pudieran facilitar que "las pymes no estén en desventaja con las grandes" a la hora de cobrar.