Así lo refleja en su informe publicado este martes sobre su visita a España que tuvo lugar entre el 14 al 28 de septiembre de 2020 a casi una decena de comisarías, nueve prisiones y un centro de menores y en el que propone medidas para “mejorar” el tratamiento de los reclusos, en particular los presos “vulnerables” y los recluidos en los dos hospitales penitenciarios psiquiátricos, y urge a hacer frente a los malos tratos por parte de los agentes de policía en las comisarías españolas.

En el curso de la visita, la “mayoría” de las personas consultadas declararon haber sido tratadas “correctamente” por los funcionarios, si bien la delegación del CPT recibió un “número significativo” de denuncias de malos tratos que afectaban “principalmente” a la Policía Nacional y consistían en bofetadas, puñetazos y patadas en el cuerpo o la cabeza así como, en ocasiones, el uso de porras u otros objetos para obligar al detenido a proporcionar información o a confesar delitos o para castigarle por un presunto delito cometido.

A este respecto, el CPT subrayó la importancia de llevar a cabo una “supervisión y capacitación adecuadas” de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y recomendó que, en lo sucesivo, las autoridades españolas garanticen que todas las comisarías de policía del país estén obligadas a almacenar todas las grabaciones de sus cámaras de seguridad durante “un mínimo” de 30 días para garantizar que cualquier denuncia de malos tratos presentada contra los funcionarios de las fuerzas del orden en las zonas cubiertas por las cámaras “pueda ser verificada y las denuncias sean desestimadas o investigadas con mayor profundidad”.

CÁRCELES

Por lo que respecta a la situación de las cárceles españolas, el CPT se mostró “crítico” con el tratamiento y las condiciones que se ofrecen a los pacientes en los dos Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios de Alicante y Sevilla y estimó que deben estar bajo la responsabilidad del sistema nacional de salud. Además, reclamó un “cambio de paradigma” en el tratamiento de los pacientes basado en los principios del tratamiento individualizado y el “alejamiento” de la farmacoterapia.

En ambos hospitales recibió “algunas denuncias” de malos tratos físicos consistentes en golpes con porras de goma y de fijación mecánica “dolorosa e inadecuada” y, además, denunció la práctica de períodos “prolongados” de reclusión, que duran hasta cuatro meses, “sin las salvaguardias legales ni una revisión judicial adecuada”.

Por lo que se refiere a los menores, en el Centro de Internamiento Juvenil ‘La Marchenilla’ de Algeciras (Cádiz) el CPT obtuvo una “impresión positiva” de la actitud “solidaria” del personal y de los planes terapéuticos y de rehabilitación individuales propuestos, si bien “varios” menores se quejaron del comportamiento “rudo” del personal de seguridad al reducirlos físicamente.

El CPT también observó que los menores seguían siendo sometidos a períodos “prolongados” de fijación mecánica y que se les inyectaba medicamentos “por la fuerza” mientras estaban fijados, por lo que volvió a hacer un llamamiento a las autoridades españolas para que “supriman” la fijación mecánica de los menores.

En las prisiones de hombres, la delegación del CPT recibió un “gran número” de denuncias “coherentes y creíbles” de malos tratos físicos recientes por parte de los funcionarios, que consistieron, principalmente, en bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con porras y que, en varios casos, estaban respaldados por lesiones documentadas por la delegación o anotadas en la historia clínica del reo.

En este punto, emplazó a la administración a llevar a cabo una supervisión “más rigurosa” así como una “mayor capacitación” del personal en el uso de técnicas de control y contención y desescalada, la documentación “precisa” de todas las lesiones y la notificación “inmediata” de cada denuncia de malos tratos a las autoridades competentes.

El informe señala los “considerables progresos” realizados en todas las prisiones de España en la reducción tanto del número como de la duración de las aplicaciones de la medida de fijación mecánica de una persona a la cama, aunque para el CPT “el objetivo debe seguir siendo la abolición de esta medida en prisión”, al considerar que “está abierta a abusos”. Mientras tanto, abogó por reducir “aún más” su duración, mejorar la supervisión de la medida y poner fin a la fijación de las personas con enfermedades mentales y de las que se autolesionan así como acabar con la práctica de medicar por la fuerza a determinados presos.

En cuanto a las reclusas, pide un enfoque “específico” de género que tenga “en cuenta” sus necesidades y ve “necesario” desarrollar la gama de actividades sin estereotipos de género que se ofrecen a las mujeres recluidas, así como mejorar la política para prevenir y reducir sus actos de autolesión y garantizar que se aborden siempre desde un punto de vista terapéutico.

El CPT valoró el diálogo “constructivo” entablado con España a raíz del informe y los avances en las medidas adoptadas para hacer frente a los malos tratos por parte del personal de las prisiones y reforzar la supervisión interna, así como las destinadas a reducir el número de internos en módulos de régimen cerrado y limitar el recurso a la medida de fijación mecánica o las dirigidas a reducir y abolir la práctica de la fijación de niños en los centros de menores de toda España.