El pasado día 2, a las 5.40 de la madrugada, hora española, la tripulación del atunero avisó de que estaba siendo atacado, y a las 9.58 un avión del dispositivo "Atalanta" informó a la fragata "Canarias" de que había confirmado visualmente la presencia a bordo de al menos dos personas "armadas con rifles", mientras el pesquero modificaba su rumbo desde aguas de Seychelles hacia la costa de Somalia.

Inmediatamente el Gobierno puso en funcionamiento la comisión de coordinación con "Atalanta" y se apresuró a señalar como objetivo prioritario la seguridad de los tripulantes y su liberación. Sin embargo, apenas tres días después, la ministra de Defensa, Carme Chacón, admitía que ese secuestro tenía visos de ser "más largo" que el del "Playa de Bakio", que duró seis días en abril de 2008.

En el momento de ser abordado por piratas, el "Alakrana" se encontraba a 800 millas del punto medio que las asociaciones de pescadores fijaron para esta época del año, y estaba, por tanto, fuera de la zona de vigilancia de la fragata "Canarias" y del perímetro de seguridad del dispositivo "Atalanta".

De hecho, Defensa aseguró que se había alertado al atunero y a otros tres navíos de que se encontraban fuera de la zona de seguridad y, aunque la "Canarias" puso rumbo inmediato al punto del secuestro, desde el primer momento se alertó de que tardaría al menos 35 horas en llegar.

En un primer momento todos los partidos expresaron su respaldo al Gobierno para gestionar el secuestro, aunque desde el PP dejaban clara su opinión de que no se había actuado con la debida diligencia en la protección de los atuneros españoles, y pedía desde ese mismo momento "replantear" los métodos de defensa ante esos ataques.

El PNV expresaba también su intención de aparcar reivindicaciones hasta que se solucionara el secuestro, pero apuntaba que los ataques a pesqueros españoles no son fruto de la "casualidad" sino que obedecen a "la más absoluta indigencia en materia de seguridad" respecto a otros, como los franceses, que faenan con infantes de marina a bordo, "perfectamente pertrechados".

El Gobierno seguía defendiendo sus gestiones apelando a la prudencia y la responsabilidad para no dar detalles de las mismas, si bien la ministra Chacón apuntaba a que se barajaban "todas las opciones" para liberar a los tripulantes, sin descartar una operación militar, y se iba abriendo la puerta a las reclamaciones de los armadores de embarcar personal de seguridad en los atuneros.

De hecho, en apenas unas horas cerca de 500 currículos de profesionales de la seguridad llegaron a la Asociación Española de Escoltas ofreciéndose para proteger a los pesqueros en el Índico.

El "Alakrana" fue fondeado por los secuestradores en la costa de Somalia, mientras la fragata "Canarias", informada por el avión de patrulla marítima, daba alcance al esquife con el que supuestamente los piratas habían abordado al pesquero, y a bordo del cual permanecían dos de los presuntamente implicados, que fueron detenidos tras "la aprobación del Gobierno", según aseguraba el comandante de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, el general Jaime Domínguez Buj.

Cuando la información de esa detención llegó a la Audiencia Nacional, y a las fuerzas políticas, arreció la polémica por la gestión del secuestro. Los reproches entre PSOE y PP se habían acentuado ya por la petición del principal partido de la oposición de tipificar en el Código Penal el delito de piratería, algo que ya está previsto en la reforma que se encuentra en trámite, replicaban los socialistas.

A su llegada a España, uno de los presuntos piratas fue trasladado al hospital para ser atendido de las heridas sufridas tras los "disparos intimidatorios" previos a su detención, mientras que el otro, Abdu Willy, iniciaba un periplo paralelo a la polémica política.

Willy fue acusado por la Fiscalía de 36 delitos de detención ilegal (uno por cada tripulante), robo con violencia, asociación ilícita y uso de armas, lo que sumaría más de 200 años de cárcel. Después fue puesto en libertad, se ordenó su ingreso en un centro de menores ante las sospechas de que aún no había cumplido 18 años, y finalmente las pruebas médicas han demostrado que es mayor de edad por lo que volverá a estar a disposición de la Audiencia Nacional.

Partidos políticos de la oposición, asociaciones de jueces, fiscales y militares han expresado su sorpresa, cuando no indignación por el "espectáculo" dado con la detención de los dos presuntos piratas y su traslado a España, mientras el Gobierno y el PSOE insisten en que se ha actuado en virtud de la legalidad vigente y en que no cabía otra posibilidad al capturar a dos piratas que huían tras asaltar el buque español y comunicarlo al juez. Todo ello, mientras se ignora la evolución y la naturaleza de las gestiones para liberar a la tripulación del "Alakrana", que sigue fondeado frente a la costa de Somalia.