La Sala mantiene el posicionamiento del tribunal sentenciador y manifiesta que “no es imprescindible" para considerar, desde el punto de vista judicial, a una persona como víctima de trata que exista un pronunciamiento judicial, anterior o simultaneo, sobre la existencia del delito de trata. “Es decir, tal declaración puede producirse perfectamente en el seno de un proceso penal en el que se enjuicia la infracción penal que ha cometido la persona sometida a trata”.

“Nos encontramos en un supuesto en el que la identificación de la víctima de trata es posterior a la comisión del delito, sin que se siga proceso contra los tratantes y pendiente ella de enjuiciamiento. Es un caso, no infrecuente, en que la administración no las identifica, y que existe un periodo bien corto entre la captación y la explotación para la efectiva comisión del delito”.

“Se evidencia también”, continúa, “que si rechazáramos la posibilidad de la declaración judicial de ser ‘víctima de trata en juicio’ y la práctica de prueba para su acreditación, sin que se juzgue ni se persiga a los tratantes, se haría inviable o al menos les dificultaríamos enormemente a estas víctimas acudir a un recurso de revisión para anular la condena, que, de esta manera con la prueba pertinente puede evitarse, y analizarse en el juicio”.

Los magistrados de la Sala de Apelaciones describen en su resolución que, aunque la identificación como víctima de trata fue posterior a la detención, “en el caso analizado pueden diferenciarse sin problema las distintas fases de captación y explotación para cometer el delito, que se comete efectivamente, y la comisión del abuso sobre una persona que no tiene más opción real o aceptable que someterse al abuso”.

Los magistrados insisten en que “en esta fase de explotación (la víctima) es sometida a todo tipo de control personal como ha declarado, siendo llevada, después de confiar al bebé a una amiga diciéndole que se iba unos días por trabajo, a un establecimiento donde tras una preparación corporal mediante ingesta medicamentosa e inyectable, es obligada a tragar hasta 28 condones que contenían cocaína liquida, fue transportada al aeropuerto de Lima con 250 euros, dinero que se le interviene a la llegada, portando su billete de vuelta y su reserva de alojamiento en Barcelona”.

Tampoco hay duda de que la mujer se encontró al llegar en situación de desarraigo, en un lugar que desconocía, y sin contactos, solo con la indicación de que la recogería alguien que la esperaba en el aeropuerto, de quien desconocía cualquier referencia, siendo esta persona (de la organización) la que la esperaba, sobre esto tampoco se hizo comprobación alguna, ni sobre la reserva del hostal, ni sobre el teléfono. La sentencia razona de forma argumentada para concluir con la concurrencia de estos presupuestos. Es decir, hay abuso de una persona en situación de vulnerabilidad”.

Por todos estos motivos, coinciden con el tribunal de la Audiencia que absolvió a la acusada: “A tenor de lo expuesto concluimos que el tribunal de instancia en su sentencia ha valorado la prueba en su integridad justificándola adecuadamente, de la que se desprende que la misma tiene la aptitud y consistencia para sustentar la conclusión alcanzada”.