En nota de prensa, Cabezón señaló que el PP “no puede vulnerar las leyes que no le gustan” ni “saltárselas a la torera”.

“El derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo está reconocido y asegurado por la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, de forma que “los servicios públicos sanitarios de todas las comunidades deben garantizarlo”, subrayó Cabezón.

A su juicio, “cada vez está más claro que al PP no le importan los avances de las mujeres en igualdad”, pero “hace mucho tiempo que conquistamos el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y a decidir cuándo y cómo queremos ser madres”, y la ley así lo ampara, concluyó.