Los parlamentarios catalanes hicieron estas afirmaciones en sus declaraciones como testigos ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien instruye la causa por los incidentes. Tanto Boada como Milà afirmaron que no se sintieron “ni amenazados ni coaccionados ni intimidados” por los manifestantes.

Boada especificó que sólo se sintió “desconcertado por la actuación policial”. “No es normal que se nos intentase agredir, pero tampoco es normal en las manifestaciones de esa envergadura que no haya un dispositivo policial de protección más amplio”, señaló.

El diputado de ICV dijo en este sentido haberse sentido desprotegido por los Mossos d’Esquadra y destacó que fue secretario de general del Departamento de Interior de Cataluña.

Boada y Milà aseguraron además ante Velasco que la actividad parlamentaria no se vio afectada por los altercados, por lo que consideran que el caso no es competencia de la Audiencia Nacional, al no haber existido delito contra los altos organismos de la nación, tal y como sostiene el magistrado.

MOVIMIENTO DE PROTESTA

"Hemos venido obligados", destacó Milà a la salida de la Audiencia Nacional, donde destacó que no quieren colaborar con una "maniobra indigna" del sindicato Manos Unidas que, a su entender, trata de criminalizar el movimiento 15-M.

"Voluntariamente nunca hemos presentado denuncia, creemos que era un movimiento de protesta contra la política de recortes que se estaba haciendo en Cataluña", dijo.

La defensa de los imputados ha presentado varios escritos en los que solicitan al juez la práctica de diferentes diligencias como que se requiera a los Mossos d’Esquadra el protocolo de actuación definido para situaciones como la que se vivió en el Parlamento de Cataluña.

RESPONSABILIDAD DE LOS MOSSOS

El abogado Gonzalo Boyé, que representa a varios de los imputados, señaló que, a la vista de la declaración de los parlamentarios, podría haber “alguna responsabilidad” imputable a la Consejería de Interior de Cataluña y a los Mossos d’Esquadra por “delito provocado”.

El letrado subrayó que el 16 de junio, un día después de los altercados, se repitió la misma manifestación frente al Parlament pero no se produjeron incidentes.

Boyé aseguró que los parlamentarios “fueron conducidos al seno de la manifestación y no al seno del Parlamento".

DECLARACIÓN EN CATALÁN

La anécdota en las declaraciones se produjo cuando Milà inició su declaración. Al igual que Boada, este diputado declaró en catalán, pero Velasco prescindió de los servicios del intérprete y realizó él mismo la traducción.

El juez explicó que entiende el catalán porque habla valenciano, a lo que el diputado replicó que se trata del mismo idioma. “Hablo dos idiomas diferentes sin saberlo”, dijo Milà.

MULTA A BOADA

Boada se quejó de la multa de 200 euros que le impuso el juez Velasco por no acudir a declarar el pasado 14 de diciembre, cuando estaba citado. El diputado de ICV lamentó que no se le hubiese notificado en persona su citación para declarar y, en cambio, sí se le entregase personalmente la notificación de la multa.

“Voy a pagar la multa, hay que contribuir a salir de la crisis económica y vamos a hacer esa aportación económica para que España salga adelante”, dijo en tono de chanza al abandonar la sede de los juzgados.

DECLARACIÓN POSPUESTA

Boada y Milà han tenido que declarar hoy en la Audiencia Nacional debido a su incomparecieran en la rueda de declaraciones convocada por Velasco el 14 de diciembre en Barcelona.

El magistrado sí pudo en aquella ocasión tomar declaración a los otros ocho diputados del Parlament que había citado. Ante Velasco comparecieron los diputados de CiU Gerard María Figueres, Josep Maria Llop, Jordi Turull, Ana Isabel Marcos y Santi Vila.

De las filas del PSC declararon Montserrat Tura y Ernest Maragall, mientras que por parte del grupo Solidaritat Catalana compareció Alfons López Tena, antiguo vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El presidente de la Generalitat, Artur Mas, declaró por escrito, una posibilidad que le ofreció el magistrado.

DELITO CONTRA LA NACIÓN

El juez Velasco mantiene imputadas en esta causa a 20 personas. El magistrado les atribuyó delitos contra los altos organismos de la nación –penados con entre tres y cinco años de cárcel- y les impuso la obligación de fijar domicilio y de comparecer cada quince días ante los juzgados más próximos a su domicilio.

El juez aseguró en un auto dictado el pasado 25 de noviembre que se trató de “una actuación contra el Parlamento de Cataluña, institución del Estado que debe entenderse entre las protegidas como alto organismo de la Nación”.