Boada y Milà han sido citados en la Audiencia Nacional tras su incomparecieran en la rueda de declaraciones convocada por Velasco el 14 de diciembre en Barcelona. Los diputados ecosocialistas alegaron que no querían participar en el procedimiento judicial al considerar que fue "iniciado por un movimiento de extrema derecha”, en referencia a Manos Limpias.

El magistrado sí pudo en aquella ocasión tomar declaración a los otros ocho diputados del Parlament que había citado. Ante Velasco comparecieron los diputados de CiU Gerard María Figueres, Josep Maria Llop, Jordi Turull, Ana Isabel Marcos y Santi Vila.

De las filas del PSC declararon Montserrat Tura y Ernest Maragall, mientras que por parte del grupo Solidaritat Catalana compareció Alfons López Tena, antiguo vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El presidente de la Generalitat, Artur Mas, declaró por escrito, una posibilidad que le ofreció el magistrado.

DELITO CONTRA LA NACIÓN

El juez Velasco mantiene imputadas en esta causa a 20 personas. El magistrado les atribuyó delitos contra los altos organismos de la nación –penados con entre tres y cinco años de cárcel- y les impuso la obligación de fijar domicilio y de comparecer cada quince días ante los juzgados más próximos a su domicilio.

En las comparecencias de los imputados se visionaron las imágenes de vídeo que recogen parte de los altercados en los que varios diputados fueron agredidos.

El juez aseguró en un auto dictado el pasado 25 de noviembre que se trató de “una actuación contra el Parlamento de Cataluña, institución del Estado que debe entenderse entre las protegidas como alto organismo de la Nación”.