Esta es una de las conclusiones del informe ‘Garantizar el futuro de los niños y niñas: cómo acabar con la pobreza infantil y la exclusión social en Europa’ publicado este martes por Save the Children.

El trabajo pone de manifiesto que actualmente casi 20 millones de menores en toda Europa viven en situación de pobreza o exclusión social, un dato que se había visto reducido en los últimos años, pero que volvió a crecer en 2020 como consecuencia de la irrupción de la pandemia del coronavirus.

Save the Children constata en su informe, que analizó 14 países europeos -9 de la UE y 5 extracomunitarios- que la Unión Europea “se enfrenta a unos niveles de pobreza inaceptables”.

En ese sentido, España se coloca como el tercer país europeo con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil (31,3%), por detrás de Rumanía y Bulgaria. De este modo, uno de cada tres niños españoles vive por debajo del umbral de pobreza (60% de la mediana de la renta nacional), sufre carencia material severa o vive en hogares con baja intensidad de empleo.

El informe constata que ningún país europeo está libre de la pobreza infantil. Prueba de ello es que uno de cada cuatro niños crece en riesgo de pobreza en Alemania, uno de los países más ricos del continente.

A su vez, los chavales que crecen en familias monomarentales o numerosas, de origen migrante, con discapacidad, pertenecientes a una minoría étnica y de zonas rurales o desfavorecidas se encuentran entre los más afectados por la pobreza.

En España y los Países Bajos, alrededor del 40% de los niños y niñas en riesgo de pobreza proceden de familias con empleo, lo que, arguye Save the Children, “desmiente el mito de que el empleo sea una garantía de no crecer en pobreza.

El informe constata que millones de menores en Europa no tienen o tienen un acceso limitado a la educación de 0 a 3 años, a los cuidados tempranos, a menudo de baja calidad, y a una comida saludable cada día.

Ante esta situación, Save the Children apeló al Gobierno a extender las becas comedor y garantizar el acceso a una comida saludable al día en la escuela, ya que, en España, las ayudas de comedor sólo alcanzan al 11% de chavales en la educación obligatoria, lejos del 27,4% de los menores que viven en situación de pobreza.

Al mismo tiempo, planteó la introducción de una enmienda en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que amplíe la dotación de las ayudas de comedor en 100 millones de euros y promueva el acceso a comedor escolar gratuito hasta llegar en cuatro años a todos los niños y las niñas bajo el umbral de la pobreza, acordando ese último como el umbral estatal mínimo de renta para acceder a estas ayudas.

Por último, consideró imprescindible el desarrollo del Plan de Acción de Garantía Infantil en España y reclamó la adopción de un “enfoque integral” para tratar las desigualdades sociales a través del rediseño del sistema fiscal y del refuerzo del Ingreso Mínimo Vital (IMV).