La Fadsp indicó en un comunicado que la iniciativa es "injusta" e "insolidaria", pues, de aplicarse, pondrá trabas al acceso a la prestación farmacéutica y tendrá especial repercusión sobre las personas más enfermas -que precisan más medicamentos- y las que tienen menos recursos económicos.

Y es que, argumenta la federación, los copagos, tiques moderadores o tasas han demostrado en la experiencia internacional que no tienen capacidad de discriminar entre la demanda inadecuada y la que no lo es.

Además, precisa la Fadsp, lo que se grava es una prescripción decidida por un médico del sistema sanitario público en la que los ciudadanos no han tomado ninguna decisión.

Por otra parte, Defensa de la Sanidad Pública señaló que la medida es "ilegal", puesto que Cataluña carece de competencias sobre la política de los medicamentos, con lo que la aportación de los usuarios no la puede decidir la comunidad autónoma.

No obstante, la federación confía en que lo que hoy es una intención del Ejecutivo catalán plasmada en el proyecto de presupuestos para 2012 no llegue nunca a convertirse en realidad por falta de apoyo.