En rueda de prensa en Valladolid, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, subrayó que todo el votante del centroderecha y también el votante socialista descontento “puede venir a este proyecto que está centrado en las preocupaciones reales de los españoles”.

“Los españoles están hoy asistiendo atónitos a la descomposición del Gobierno de España, un Gobierno que hace aguas y no encuentra ninguna solución a sus problemas”, censuró Montesinos, lamentando que los problemas “cada vez van a más” y el presidente es “incapaz de tomar el control de su propio Gabinete”.

Criticó, de tal forma, que “cada ministro dice una mentira y otra mentira que a su vez es contradictoria con la mentira anterior de uno de sus compañeros, con ataques incluso a la Justicia y a la separación de poderes”. Esto le llevó a decir que “el problema es que España hoy va a la deriva por culpa exclusiva del presidente del Gobierno, que no hace nada para poner solución a los problemas de los españoles”.

Puso el foco en que “hoy no hay solución a la subida del precio de la luz” porque “el Gobierno no hace nada o lo que hace va en contra de la bajada”. También se revolvió por el hecho de que “no haya solución sobre el gas o sobre la escalada de precios” y que Sánchez asista “impasible" a la “descomposición de su Gabinete sin tomar las riendas de la situación”.

“Así no podemos seguir, los españoles no se merecen este Gobierno de colisión”, se revolvió Montesinos al hablar del “caos permanente” de un Consejo de Ministros que traslada “un melodrama por capítulos”. “Sánchez se muestra incapaz de gestionar fondos, genera un enorme caos con la consiguiente inseguridad jurídica con respecto a la reforma laboral” y “prepara una masiva subida de impuestos como ya se está dejando ver en los Presupuestos”, dijo.

Dicho esto, recalcó que “ya lo que nos faltaba es que podamos tener un problema grave con el gas”, lo que atribuyó también a la “irresponsabilidad del Gobierno de España”. “Avanzo en nombre del presidente Pablo Casado que no nos fiamos de la palabra de la vicepresidenta Teresa Ribera”, aseveró.

Así las cosas, exigió a Ribera que rinda cuentas de manera urgente en el Congreso de los Diputados sobre “la crisis del gas”. “No han hecho sus deberes, han llegado tarde y mal” porque “han esperado hasta el último segundo para intentar evitar que se cerrara ese gasoducto con Argelia”, sostuvo, y exigió conocer hoy mismo cuál es el plan del Ejecutivo para garantizar el abastecimiento de gas en España y cómo va a repercutir en los precios.

PLUSVALÍA

Por su parte, desde Torremolinos (Málaga), el vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, en el marco de la celebración de la jornada ‘40 años de la FEMP, Proximidad y Poder Local’, lamentó que el Ejecutivo “se ha convertido en un coleccionista de sentencias de inconstitucionalidad”. “Tiene en su haber una por el primer estado de alarma, otra que conocimos ayer por el segundo, y una tercera que invalida el tributo de plusvalía”, resaltó.

Sobre la sentencia que invalida el tributo de la plusvalía municipal, dentro de la Ley de Haciendas Locales, el vicesecretario de Territorial denunció “la desidia del Gobierno”, que conocía sentencias previas desde el año 2017, “cuando el Gobierno de Mariano Rajoy presentó una propuesta alternativa para dar certidumbre a los ayuntamientos en la gestión de este tributo”.

“Si con la crisis eléctrica y ahora previsible del gas, los ayuntamientos se preguntaban cómo pagar la factura de la luz de las escuelas municipales, las bibliotecas o los polideportivos, hoy se preguntan si en el año 2022 podrán abrirlos”, apuntó, y exigió “una respuesta inmediata por parte del Gobierno”.

Terol solicitó al Gobierno la celebración extraordinaria y urgente de una Comisión Nacional de Administración Local y una junta extraordinaria de la FEMP “para consensuar una postura común y dar certidumbre jurídica a los ayuntamientos, para que puedan aprobar sus presupuestos”. En este sentido, pidió al Gobierno que se ponga manos a la obra para crear ya un fondo de compensación de 2.600 millones para los ayuntamientos.