Constatando que la sentencia del TC “imposibilita” aplicar y cobrar la plusvalía y que ello supondría una pérdida de ingresos para las entidades locales de en torno a 2.500 millones, la Junta de Gobierno de la FEMP, reunida en Torremolinos (Málaga), urge al Ejecutivo a aprobar una nueva regulación del impuesto “que garantice la seguridad jurídica de los ciudadanos y los gobiernos locales y la correspondiente recaudación para las haciendas locales”.

La FEMP, que recuerda en su declaración que lleva desde 2015 pidiendo una reforma del impuesto de plusvalía ante las dudas que el Constitucional ya venía expresando sobre su regulación, apunta también que, tras la sentencia del martes, "deberá dotarse un fondo de compensación a los ayuntamientos por las cantidades no recaudadas", y “hacerse extensivo a las pérdidas de recaudación originadas por las anteriores sentencias del Tribunal Constitucional”.

“Demandamos al Parlamento de España que trámite de urgencia las normas que sean precisas para dar cumplimiento a los anteriores acuerdos”, remata la Junta de Gobierno de la FEMP su declaración de hoy, habida cuenta de la emergencia financiera que conlleva para las entidades locales, especialmente los ayuntamientos de grandes ciudades, la sentencia del TC.