Posteriormente, realizaron dos registros, uno de ellos en un domicilio en el que se localizó un matadero ilegal cuyo propietario, que regenta un puesto en el mercado de abastos junto con su familia, “sacrificaba ilegalmente distintas especies de animales poniéndolos a la venta en su establecimiento sin ningún tipo de control sanitario”.

Asimismo, los agentes intervinieron “numeroso material que servía para falsificar la procedencia legal de estos productos”.

Las mismas fuentes indicaron que en este matadero fueron decomisadas unas 300 piezas de carne, “tanto de animales de abasto como procedentes de la caza, todas ellas listas para su venta, que estaban almacenadas junto con restos de vísceras y otro tipo de despojos”. En estas instalaciones, la Guardia Civil se incautó, además, de “una importante cantidad de dinero y diversa documentación”.

De igual modo, los agentes del Seprona localizaron otro establecimiento donde se depositaban ilegalmente “numerosos productos en pésimas condiciones de higiene” y en el que decomisaron un centenar de piezas de carne y varias cajas con numerosos productos.

Como resultado de esta operación, varias personas han sido imputadas como presuntas autoras de delitos de falsificación y contra la salud pública, que están castigados en el Código Penal vigente con penas de hasta cuatro años de prisión, multa e incluso inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio entre seis y diez años.