Así lo precisó este miércoles el secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para dar cuenta de las partidas presupuestarias vinculadas a su departamento en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en la que recordó que en 2021 dicha cuantía era de casi siete millones de euros, con un aumento del 7% frente a la dotación presupuestaria anterior.

A este respecto, defendió que el presupuesto de dicha dirección general, dependiente de la Secretaría General de Consumo y Juego, desde su adscripción al Ministerio de Consumo, “no ha dejado de crecer”, y aseguró que este último aumento presupuestario pone de manifiesto la “importancia” que, para el Gobierno, adquiere la puesta en marcha de un marco normativo e institucional “que garantice la protección a colectivos y personas en situación de vulnerabilidad o con comportamientos de riesgo en el juego”.

Un marco cuyas bases “estaban sentadas”, a su entender, en la ley 13/2011 de ordenación de juego y que el gabinete de Alberto Garzón quiere desarrollar “desde la base de los principios de máxima garantía y precaución”, que son los que, según Escudero, “deben presidir las políticas públicas cuando en ellas se ven involucrados colectivos como las personas jóvenes”.

Según puntualizó, dicho marco dispone ya de “pilares importantes”, entre los que citó la entrada en vigor del Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego o la futura interconexión de los registros de autoprohibidos, personas que, voluntariamente, se inscriben en un registro “para que no se les deje acceder a un juego ‘online’”, explicó, para subrayar que para final de este año estarán firmados “prácticamente” todos los convenios de coordinación entre los registros estatal, autonómicos y locales entre sí con la intención de que dicha interconexión se produzca en el primer trimestre del año que viene para dar cumplimiento a “otra vieja demanda” de las asociaciones de exjugadores y jugadores rehabilitados.

Junto a ello, remarcó que ha terminado ya la fase de audiencia e información pública de un proyecto de real decreto de entornos más seguros de juego que contempla “todo un catálogo de medidas” para “reforzar” las obligaciones de los operadores de juego de proporcionar información a los jugadores, de formación a su personal y de fomento de campañas “al objeto de que detecten y puedan prevenir comportamientos problemáticos o de riesgo”.

Con respecto a las obligaciones que los operadores de juego deben cumplir en relación con los jugadores “con comportamiento de juego intensivo o que pertenecen a colectivos en situación de vulnerabilidad”, como son las personas jóvenes, el decreto incluye medidas para “evitar” dichos “comportamientos o pautas de juego problemático”, que van desde su exclusión de actividades de promoción, a su exclusión de las listas de clientes “privilegiados”, restricciones de anuncios o de limitación del pago al crédito a jóvenes con pérdidas acumuladas de juego durante varias semanas.

REORIENTACIÓN DE LA TASA

El secretario general de Consumo y Juego detalló que el “gran aumento” presupuestario para 2022 en esta Dirección General se debe también a la reorientación de la tasa por la gestión administrativa de juego que pagan los operadores, recordando que hay una parte de la misma que se va a destinar a políticas e iniciativas “preventivas de rehabilitación, intervención y control” así como de “reparación” de los “efectos negativos producidos por la actividad del juego” y calculó que se prevé una cantidad de en torno a 4,5 millones de euros.

Entre los proyectos que se prevé abordar con esta reorientación de la tasa, se refirió a la elaboración de un estudio de prevalencia, teniendo en cuenta que el anterior data de 2015 y que, desde entonces, resulta “necesario” actualizar los datos sobre las “consecuencias negativas del juego”, dado que el mercado “ha cambiado exponencialmente” y que dicha información es, según su criterio, “imprescindible para abordar políticas y campañas a futuro”.

En paralelo, anunció la puesta en marcha de un programa de subvenciones que aborde actividades de investigación relacionadas con los efectos de las actividades de juego y al que podrán concursar, en régimen de concurrencia competitiva, universidades o centros de investigación, para cuya selección Consumo contará con la agencia de evaluación del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Además, hizo hincapié en las nuevas campañas de sensibilización y prevención que “pondrán el foco” en el público joven y “sectores en situación de vulnerabilidad” así como en las inversiones en tecnología y equipamiento de la propia dirección general para la lucha contra el fraude, puesto que el sector ha tenido un crecimiento acumulado del 300% en los últimos ocho años que requiere de medios materiales y humanos para realizar dichas tareas de control.

“Son millones de operaciones de juego ‘online’ de ámbito estatal las que se realizan al día, con más de 80 operadores, más las que se realizan al día dentro del marco del juego ilegal, que no se puede cuantificar”. “Todo lo que sea imprescindible para que dotemos de la mayor tecnología a esos funcionarios, que son pocos, y que podamos terminar con el juego ilegal y con el fraude en el juego, es poco”, sentenció, consciente de que la partida consignada a este capítulo “es la mínima imprescindible y la estrictamente necesaria” para “garantizar” el “alto nivel” de control del juego y del fraude que existe ahora mismo en España y que, según dijo, “es ejemplo en otros países” merced también al uso de una “tecnología top”.