Así lo indicó este viernes el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en la rueda de prensa final de la Comisión Permanente que ha convocado esta semana a los prelados españoles en Madrid.

En concreto, señaló que existen 202 oficinas para la recepción de denuncias cometidos en el pasado. Aunque en esas oficinas también se pueden abordar los casos recientes, Argüello indicó que "los que se producen en el presente se comunican inmediatamente a las autoridades civiles".

En las diócesis hay 60 oficinas que se comenzaron a crear hace dos años (hay 70 diócesis, por lo que algunas comparten), a las que hay que sumar 142 oficinas de 121 congregaciones religiosas.

Según el portavoz, "las oficinas de investigan casos con independencia de la prescripción o fallecimiento". De hecho cifró en 103 las denuncias sobre personas ya fallecidas y que hay 300 denuncias sobre casos que ocurrieron más de 30 años y que habrían prescrito civil y canónicamente.

Las denuncias se refieren a clérigos, clérigos consagrados (religiosos ordenados), consagrados (religiosos que no se han ordenado) y laicos. "La Iglesia se compromete a desarrollar procesos de formación que impidan esta situación en el futuro, así como a apartar a aquellas personas que se demuestren que son indignas", remarcó la CEE.

Hace un año, la CEE se hizo eco de un informe de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede que confirmó que en los últimos 20 años había tramitado las denuncias por abusos contra 220 sacerdotes españoles, de los que 144 pertenecen al clero secular y 76 el regular. De ellos, se resolvieron 101 casos del clero secular y otros 50 del regular.

En 2021, agregó, "han llegado 14 casos nuevos", por que aquella cifra ya asciende a 234 casos. El obispo portavoz matizó que "no todos los casos van a la Congregación para la Doctrina de la Fe", en alusión al "propio cauce" que tienen los casos en los que están implicados religiosos y congregaciones de vida consagrada.

Ante estos datos, Argüello manifestó la "necesidad de hacer un mapa que permita conocer la realidad", pues no coinciden diócesis con las provincias de las congregaciones y éstas tampoco con la estructura administrativa de las autonomías.

COMISIÓN

Respecto a la aprobación de la petición del Congreso de una comisión capitaneada por el Defensor del Pueblo para investigar los abusos eclesiales, el secretario general del Episcopado manifestó que les parece "más respetuosa con las víctimas" que la comisión parlamentaria que pedía Unidas Podemos e insistió en que la Iglesia está abierta a la "colaboración", como "la primera interesada en que resplandezca la verdad, para que no haya lobos que se disfracen de corderos". No obstante, trasladó su "preocupación" porque el abordaje de las investigaciones tenga una "utilización partidista".

Al mismo tiempo, llamó a la prudencia para ver en qué consiste la iniciativa que los diputados han encargado a Ángel Gabilondo, e indicó que según la Ley del Defensor del Pueblo, esta institución puede investigar sobre el funcionamiento de los poderes públicos. "La Iglesia no es un poder público", apostilló.

Aún así, el prelado remarcó que la Iglesia trabaja en "leal colaboración" porque "está en la entraña de las relaciones entre Iglesia y sociedad democrática", lealtad que pidió también para otros asuntos. En este sentido, calificó de "molesto" el tratamiento informativo que el Gobierno dio al asunto de las inmatriculaciones. "La lealtad tiene que ser por ambas partes", recriminó.

Finalmente, Argüello también señaló que "decenas de miles" de personas se ven "afectadas por esta situación" y que "no merecen vivir bajo la sospecha o el señalamiento", en referencia a quienes dan catequesis, trabajan en las escuelas y colegios y atienden a menores y jóvenes.