Así lo reclamó el portavoz ‘popular’, Juan María Vázquez, durante la defensa de la moción, que fue votada en los términos de una enmienda transaccional acordada con el PSOE, y que insta al Gobierno a impulsar ante la Comisión Europea la adopción de un sistema armonizado que “ponga en valor” los alimentos que componen la dieta mediterránea, “protegiendo a las denominaciones de origen protegidas y a las indicaciones geográficas protegidas” y, por tanto, “no adoptando ni regulando ningún sistema de etiquetado obligatorio a nivel nacional hasta que dicho sistema sea implantado”.

El PP presentó esta iniciativa también “en el nombre, sobre todo, de miles de medianos y pequeños productores” de alimentos que “ven peligrar su futuro” y de consumidores que, a su juicio, al igual que los primeros, “asisten muy preocupados” a la “situación a la que puede desembocar su implantación precipitada en España”. “Si los alimentos deben contener un etiquetado nutricional, frontal o no, no es objeto de debate”, espetó, al tiempo que advirtió de que, lo que “genera dudas y preocupa” es “si en España y para nuestro estilo de vida y nuestros hábitos alimenticios, el sistema NutriScore es el más adecuado y, sobre todo, si este es el momento de regularlo”.

En este punto lamentó que “numerosos” alimentos de la dieta mediterránea son “mal calificados” por este algoritmo, entre los que citó el queso, el jamón o el aceite de oliva, y se mostró “perplejo” por la “calificación como saludables” de otros como “patatas fritas o hamburguesas de las cadenas de comida rápida” o las bebidas edulcoradas, convencido de que, “cuando los alimentos se califican como menos saludables con NutriScore, el consumidor deja de comprarlos”.

“Mientras los países mediterráneos, los países del aceite de oliva, hacen una defensa a ultranza de sus productos y de la dieta mediterránea, parte de nuestro Gobierno se alinea con los países de la mantequilla y calificamos como mucho más saludables los productos ultra procesados que nuestros productos tradicionales”, denunció, llamando a no “adelantarnos” al pronunciamiento de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre la implantación en todo el continente de un “modelo que está aún por definir” y que será “de obligado cumplimiento” y defendiendo que NutriScore “está más cerca en estos momentos de ser una etiqueta publicitaria, una campaña de marketing, que una estrategia para mejorar la salud de los consumidores”.

En su turno de defensa de la enmienda del Grupo Socialista, el senador Manuel Ángel Fernández puntualizó que el Gobierno ve "lógico esperar” a que la Comisión Europea “se pronuncie” respecto a la puesta en marcha de un sistema “armonizado” que llegará, “probablemente” a finales de 2022.

Con todo, aseguró que el etiquetado frontal “tiene que ser y es una oportunidad” para productores, industria alimentaria y, “sobre todo, para el conjunto de consumidores” en este proceso “tan interesante por llevar a nuestra mesa la nutrición más adecuada”, y lamentó la “absoluta contradicción” de la que, según su punto de vista, ha hecho gala el PP en torno a este asunto, dado que en 2020 “pedían que se implantara y este año, que se detenga”.

“No hay ninguna decisión adoptada desde el Gobierno en cuanto a la elección del sistema más adecuado y, por tanto, ninguna que detener”, apostilló, urgiendo a alcanzar “uniformidad a nivel de la Unión Europea y, por supuesto, defensa a ultranza de la idoneidad nutricional de los productos de la dieta mediterránea”.