De esta forma, el 90% de los pequeños con discapacidad residentes en zonas en desarrollo no tienen acceso a la educación, pese a tratarse de un derecho "universal básico e imprescindible para el avance de las sociedades", afirma Save the Children el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El coordinador regional de Programas para África Subsahariana de la ONG, Sergio Aguado, señala en esta línea que "restringir el acceso a la educación es el principal obstáculo a la hora de romper con la transmisión de la pobreza de generación en generación".

Save the Children trabaja con programas de educación inclusiva para que los niños con discapacidad reciban una formación adecuada.

Porque, explica la ONG, la educación inclusiva asegura que el sistema educativo se adapte a los niños, y no al revés, para que puedan alcanzar su pleno potencial.

A menudo supone cambiar o modificar los métodos de enseñanza, la gestión y planificación de la educación y requiere que las autoridades competentes se comprometan a trabajar, además de en la educación, en la lucha contra la pobreza o la discriminación, detalla la Organización No Gubernamental.

Nematou es una niña con discapacidad intelectual, que asiste a uno de los programas de educación inclusiva de Save the Children en Burkina Faso. A principios de curso no participaba en clase y mostraba agresividad hacia sus compañeros, pero, según la ONG, sus profesores la han visto mejorar cada día "y ahora está completamente integrada en el aula".

Aunque el número de pequeños que no reciben una educación se ha reducido considerablemente desde el año 2000, el Objetivo de Desarrollo del Milenio de lograr educación primaria universal para 2015 "no se cumplirá mientras se discrimine a niños y niñas, privándoles de su derecho a la educación por cuestiones de discapacidad, género, estatus social o cualquier otro factor de discriminación", advierte Save the Children.

Por eso, concluye, además de garantizar el acceso universal y gratuito a la educación en todas las etapas de la infancia y la adolescencia, los poderes públicos deben asegurar que esa formación es de calidad y la adecuada para todos.