Durante su comparecencia en la comisión de Presupuestos en el Congreso de los Diputados, Arroyo se refirió al nuevo mecanismo que sustituirá al Factor de Sostenibilidad y que Gobierno y agentes sociales tienen que negociar hasta el 15 de noviembre. De momento, los sindicatos trasladaron que en la reunión de ayer, lunes, no se les presentó una propuesta.

En la comisión, el secretario de Estado destacó que el nuevo mecanismo está comprometido en el acuerdo de pensiones que se alcanzó en junio y que “se está trabajando todavía en él, los plazos avanzan, somos conscientes, pero nuestra intención es alcanzar un acuerdo con los interlocutores sociales”. Arroyo consideró que hay una “muy buena base" para que se logre un consenso.

Sobre la revalorización de las pensiones con el IPC ante el actual repunte de la inflación, Arroyo defendió que “es el mejor momento” para hacerlo, de cara a “proteger a los pensionistas” de una posible pérdida de poder adquisitivo. Puntualizó que el incremento de los precios se estima que será “transitorio”.

Señaló que se ha presupuestado para 2022 una subida de las pensiones con una previsión de IPC que cuando sea definitiva será la cifra que se aplique, y que esta medida se quiere implantar “ya, incluso antes de la aprobación de la ley”. La reforma de pensiones está contemplada en el presupuesto pero que su impacto será “muy menor”, según Arroyo.

En cuanto a las previsiones macroeconómicas del Gobierno, afirmó que es “muy defendible y respetable” los modelos que usan el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que son “muy buenos, pero son falibles, y, sobre todo, en situaciones como las presentes” al tomar, por ejemplo, datos de encuestas. Mientras, desde Seguridad Social “nos fiamos de datos de afiliación” y de bases de cotización y “van extraordinariamente bien”. La previsión “es realista”, según Arroyo.

Indicó que la liquidación por cotizaciones sociales para este año va a ser unos 2.000 millones superior a la presupuestada y aseguró que no se ha producido una “zombificación” de empresas porque “no han aumentado sus despidos”.