Según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de un paso "trascendental" similar a la universalización de la educación, la sanidad o las pensiones.

A partir de este momento, dijo la vicepresidenta, "ningún mayor solo, ninguna persona con discapacidad sola". "La mejor felicitación navideña que puede hacer el Gobierno es aprobar este texto de gran trascendencia política y social", subrayó Fernández de la Vega.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, explicó los grandes ejes que tendrá la ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2007 y cuya financiación correrá a partes iguales entre la Administración Central y las comunidades autónomas, además de los usuarios.

GRADOS DE DEPENDENCIA

Se establecen tres grados de dependencia, divididos cada uno de ellos en otros dos, para un total de seis: se habla de dependencia moderada cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día.

Se alcanza la dependencia severa cuando la ayuda se requiere para dos o tres veces al día, pero sin llegar a necesitar un cuidador; por último, se define gran dependencia cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía mental o física, necesita la presencia indispensable y continua de otra persona.

En el momento de mayor despliegue de la protección vinculada a esta norma, el Gobierno calcula un coste de unos 9.000 millones de euros, la mitad de los cuales serán aportados por los propios beneficiarios del sistema.

Unas aportaciones que se harán en función de los niveles de renta y de patrimonio, entre los que se incluye la vivienda de la persona dependiente si no requiere de la misma.

En 2007, explicó Caldera, se atenderá a los más gravemente afectados, unos 200.000, con un coste estimado por el Ejecutivo de 800 millones de euros.

En 2008 se llegará a cubrir el nivel más alto de dependencia dentro del grado dos, esto es, el de los dependientes severos. Se calcula que serán unos 160.000, para un coste de 1.357 millones de euros para el erario público. En 2009 se cubrirá por completo el grado dos, 213.000 personas más, y el coste alcanza los 1.958 millones de euros.

Posteriormente, hasta 2015, se implementará la atención a los dependientes de menos gravedad, unas 700.000 personas más, lo que elevará el coste a 4.425 millones para las arcas públicas.

PRESTACIONES

Las prestaciones del sistema de dependencia serán de tres tipos e individualizadas para cada beneficiario: la prioritaria es la prestación de servicios con centros y programas o públicos o privados concertados, caso de servicios de promoción de la autonomía personal; servicios de atención y cuidado, como ayuda a domicilio, centros de día y de noche, o residencias.

El segundo eje lo constituye el establecimiento de una prestación económica vinculada a la contratación de un servicio de cuidado en el sector privado para los casos en los que éste no pueda ser prestado desde el ámbito público o concertado.

El tercero de los ejes es la implantación de una compensación económica para los familiares que cuiden a una persona en situación de dependencia. Deberán estar dados de alta en la Seguridad Social y se beneficiarán de programas de información y formación, además de periodos de descanso. Quienes contraten un seguro privado de dependencia se beneficiarán de deducciones fiscales.

La ley establece el carácter universal y público de las prestaciones; el acceso a las mismas en condiciones de igualdad; y la participación de todas las administraciones en el ejercicio de sus competencias.

ACUERDO POLITICO

Caldera confió en alcanzar un acuerdo, "deseable, pero no indispensable", con las comunidades autónomas sobre la financiación de la norma antes de su aprobación como proyecto de ley.

"No me imagino que ninguna comunidad autónoma no quiera participar", dijo el ministro, para quien "lo lógico y lo evidente" es que habrá acuerdos que se desarrollarán mediante convenios para cada una de las regiones. También confió en lograr un amplio acuerdo parlamentario sobre esta norma.