Esta cifra la dio a conocer hoy el presidente canario, Román Rodríguez, después de una entrevista en Madrid con el ministro del Interior, Angel Acebes, celebrada a petición del primero para abordar el fenómeno de la inmigración en el archipiélago.

Rodríguez explicó que este colectivo de extranjeros irregulares se está estableciendo en su gran mayoría en núcleos turísticos o en los aledaños de las grandes ciudades, y es e que más preocupa a su departamento a medio plazo, porque llegan con voluntad de quedarse, a diferencia de los "sin papeles" africanos, que arriban a las costas canarias en patera con la aspiración de partir hacia otro destino.

"Este colectivo es muy importante cuantitativamente, y cualitativamente será el que más problemas de convivencia nos va a generar si no logramos integrarles o expulsarles. No se pueden mantener guetos de estas características", afirmó.

El Gobierno canario está preocupado cn esta variante de inmigración ilegal y ya la afronta como un fenómeno "más grave" que el de los ilegales.

El dirigente nacionalista aseguró que su gabinete está dispuesto a ayudar con policías locales a la identificación de estos extranjeros, pero es al Ejecutivo central al que corresponde atajar el problema imponiendo en cada caso la regularización o la expulsión.

El ministro Acebes se comprometió a tomar cartas en el asunto, si bien le señaló a Rodríguez que la prioridad máxima de su departameto es erradicar la llegada ilegal de inmigrantes.

Rodríguez afirmó que le había trasladado al titular de Interior el malestar de la sociedad canaria por el crecimiento ingente de la inmigración ilegal en Canarias, cuyas cifras se duplican cada año. En 2000 llegaron 2.000 "sin papeles"; en 2001, 4.500, y el año pasado, 10.000, de los cuales han sido repatriados 6.000, 2.000 han sido derivados y 1.600 permanecen aun en el archipiélago.

Rodríguez informó de que le había pedido a Acebes una solución rgente para la paralización que existe en el proceso de repatriación de menores, que suman unos dos centenares. Aseguró que los centros de acogida de los cabildos están "colapsados", y cada niño cuesta a su departamento cinco millones de pesetas al año.

Según Rodríguez, Acebes le dio garantías de que antes de dos meses se presentará en Canarias la puesta en marcha del prometido Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) y se dará un impulso al Programa Ulises de la UE en materia de inmigración.

Preguntado por la asignación por el Cabildo de Fuerteventura a una empresa privada de la gestión de un centro de inmigrantes, dijo que es algo normal que hacen todas las Administraciones públicas para lograr un funcionamiento más eficaz de sus servicios.