La medida de protesta, que estuvo acompañada por una huelga general de media jornada en los pueblos de Láchar, Valderrubio, Cijuela, Escóznar e Illora, fue convocada por la autodenominada "coordinadora contra la cárcel".

Su presidente, Cristóbal Pérez, agradeció la participación "masiva de vecinos" y reiteró la necesidad de "crear un frente común ante la posibilidad de que el nuevo centro penitenciario sea instalado en alguno de estos pueblos".

Pérez y los manifestantes, por medio de pancartas y gritos, dejaron claro que no quieren tener cerca de sus domicilios un centro penitenciario al que consideran "foco de corrupción, de droga, de chabolismo y de maldad en general".

Los manifestantes y, sobre todo, los orgnizadores del acto, hicieron claras y repetidas referencias al alcalde de Illora, José Avila, a quien acusan de ser "instrumento del PSOE y estar a favor de la instalación de la cárcel en su término municipal".

En algunas pancartas se leía la petición de dimisión hacia este alcalde socialista. Tanto el alcalde de Láchar, Luis Pérez Funes como el presidente de la coordinadora, en declaraciones efectuadas a Servimedia en la mencionada finca, rechazaron las acusaciones de "borregos" dirigidas por José Avla.

Pérez declaró que "estas manifestaciones me las hacía a mí anoche el mismo que hace año y medio nos pedía sus votos prometiendo ser el buen pastor".

Fuentes del ayuntamiento de Illora, en cuyo término municipal se llevó a cabo la concentración, dijeron a esta agencia que la protesta, por el momento, es infundada ya que el Ministerio de Justicia no ha decidido aún la ubicación del nuevo centro penitenciario.

Fuentes oficiales indicaron la existencia de, al menos, 6 estudios de este Ministrio sobre varios terrenos que podrían acoger la nueva cárcel, aunque la decisión no está aún tomada. Uno de estos terrenos es la finca "La Jirona".