Tras reconocer el dereco constitucional a la huelga y sin entrar a valorar las razones que han motivado la convocatoria, UNAE indicó que "una huelga general que afecte al funcionamiento de servicios públicos de la Administración, como los transportes, la sanidad o la seguridad pública, puede provocar graves perjuicios para los ciudadanos, usuarios de estos servicios básicos".

Por ello, la federación considera necesario respetar unos servicios mínimos suficientes, con el fin de evitar que sean los usuarios los principales pejudicados "por un conflicto del que en modo alguno son responsables", así como garantizar el derecho al trabajo de los ciudadanos que no deseen secundar el paro.