En la clausura de unas jornadas organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Aparicio destacó que, a diferencia de huelgas anteriores, hoy en día las competencias sobre servicios esenciales como sanidad, educación o transporte están ya en las que "espero buenas manos" de las comunidades autónomas.

El titular de Trabajo y Asuntos Sociales señaló que son los jueces quienes determinan la legalidad o ilegalidad de los servicios mínimos, por lo que parece "poc lógico" que los sindicatos se arroguen el papel de decidir si la decisión de las diferentes administraciones son legales.

Aparicio señaló que los sindicatos "no hacen ningún favor trasladando una imagen de conflicto y crispación" con una huelga que perjudica a la economía española, que ha creado el 25% del empleo de la UE en los últimos cinco años, el 40% del empleo femenino y que ha reducido en tres puntos la tasa de temporalidad.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales apuntó que "cuesta entnder la respuesta sindical" de unas organizaciones que ni han aportado alternativas ni se han sentado a negociar el documento del Gobierno.

Aparicio lamentó, además, el impacto económico "negativo" que tendrá la huelga, por la "lesión y el daño a las expectativas" de la economía en un momento en el que se inicia la recuperación económica.