Según informa el Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros acordó indultar parcialmente a Alfredo Sáenz, Rafael Jiménez de Parga Cabrera y Miguel Ángel Calama Teixeira, una vez resueltos los expedientes, a la vista de los informes pertinentes y conforme a lo dispuesto en la Ley.

La concesión de este indulto parcial, derivado de unos hechos ocurridos hace 17 años, "conmuta la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensión de ejercicio profesional por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, José Blanco, fue preguntado hasta en tres ocasiones por la argumentación jurídica pero declinó hacer públicos los motivos.

"El Gobierno informa sobre las decisiones y deliberaciones pero la argumentación jurídica la hará Justicia", manifestó Blanco.

El pasado mes de marzo el Tribunal Supremo impuso tres meses de inhabilitación y prisión a Alfredo Saénz, por un delito de acusación falsa cuando dirigía Banesto. Asimismo, se imponía la misma condena al directivo de Banesto Miguel Angel Calama y Rafael Jiménez de Parga con sendas multas por valor de 400 euros.

De acuerdo con el fallo, se le acusaba de un delito de "acusación falsa" y quedan suspendidos "de profesiones u oficios relacionados con el desempeño de cargos de dirección públicos o privados vinculados con entidades bancarias crediticias o financieras durante el tiempo de la condena".

No obstante, la decisión final sobre conceder o no el indulto al consejero delegado del Banco Santander recaía en el Gobierno, que es quien tiene la potestad para adoptar esta decisión y finalmente ha sido así.

Pese a esta decisión, el Tribunal consideraba probado que Sáenz, con la finalidad "de reflotar las complicadas circunstancias de gestión y solvencia del banco (Banesto)", impulsó la recuperación de los "créditos dificultados" del Grupo Harry Walker que en enero de 1994 suponían el 30% de la totalidad de los soportados por dicha entidad.

La actuación de Sáenz se produjo al presentar Banesto una querella por estafa contra Pedro Olabarría y Luis Fernando y José Ignacio Romero, para la recuperación del crédito superior a los 640 millones de pesetas al citado Grupo y que no le fue devuelto a Banesto.