Según informó Unidas Podemos, se pregunta por las comprobaciones que ha realizado la Oficina de Conflicto de Intereses del ministerio a políticos y altos cargos de la Administración en relación con puestos en empresas del sector de la energía desde que se creó este organismo y, en particular, cuántas de estas verificaciones se refieren a miembros o exmiembros del PNV.

Las preguntas se han registrado después de que la pasada semana el PNV se negara a apoyar en el Pleno del Congreso la convalidación del decreto ley de recorte de beneficios extraordinarios de las eléctricas por el sobrecoste del gas no asumido, y de que el portavoz nacionalista, Aitor Esteban, llegara a advertir al Gobierno de que se juega su relección en este tema, en su pregunta de la sesión de control al presidente, Pedro Sánchez. Unidas Podemos se pregunta “a qué se debe esta postura”, que cree que suscita “especial suspicacia” en la ciudadanía.

Uriarte pone de manifiesto que, “de todos los partidos que practican las puertas giratorias en los consejos de administración del IBEX 35, el que tiene una mayor presencia en relación a su representación en el Congreso es el PNV de lejos”. Allí acabaron el exvicelehendakari Jon Azua, el expresidente del Parlamento Vasco y exconsejero vasco de Interior Juan Mari Atutxa y del expresidente del PNV Josu Jon Imaz…

“Todos ellos y otros muchos más son figuras que hoy en día están en los máximos cargos del IBEX 35 y que desde ahí hacen lobby, presión, para que no se baje la factura de la luz y no se recorten los beneficios extraordinarios de las empresas de este oligopolio que este Gobierno ha intentado frenar en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de este país”, asevera el diputado en su pregunta escrita.

Por su parte, López de Uralde afirma que el fenómeno de las puertas giratorias es especialmente preocupante en el ámbito energético debido al creciente número de casos y a la importancia estratégica de este sector. "Existe una enorme presión en lo que se refiere a la legislación en materia energética, hasta el punto de que hasta ahora prácticamente las leyes energéticas vienen dictadas por el propio oligopolio”, denuncia el coordinador federal de Alianza Verde.

Finalmente, Garrido reclama que “la ciudadanía tiene derecho a saber" y que ella quiere conocer "el resultado de esas comprobaciones porque es un hecho que existe ese conflicto de intereses entre la defensa de los intereses de la ciudadanía y la defensa de los intereses del oligopolio energético”.