Según el Cermi, la legislación española en materia de protección de menores apenas tiene en cuenta el factor de la discapacidad, por lo que no dispensa un trato más favorable para esta parte de la infancia, "lo que entra en contradicción con el tratado internacional de la discapacidad, que obliga a que las políticas públicas y las disposiciones normativas sobre menores recojan transversalmente el enfoque de discapacidad".

La principal norma que, en opinión del comité, debería ser modificada es la Ley de Protección Jurídica del Menor. Otra de las leyes sectoriales que, según el Cermi, debe adaptarse a la Convención es la Ley Orgánica de Educación, que "ha de modificarse para asumir plenamente el mandato de la inclusión educativa, desterrando cualquier atisbo de segregación en la enseñanza por razón de discapacidad".