Según la organización conservacionista, la Dirección General de Industria ha denegado la autorización de extracción de áridos en una zona del Jable de Famara, mediante una resolución, por detectar que ya se había iniciado la actividad sin contar con la autorización necesaria para ello. Actividad que las organizaciones ambientales llevan tiempo denunciando, ya que supone un impacto “muy grave” para la biodiversidad en una zona protegida y de alto valor ecológico.

El Jable de Famara constituye “el sitio más importante de Canarias para la hubara canaria: una subespecie de ave propia de ambientes subesteparios que, en España, solo se encuentra en La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura, y que está catalogada como En Peligro de Extinción”, indicó la ONG.

Añade que además de la realización de carreras ilegales de vehículos a motor y del vertido de residuos o el tránsito “sin control” de personas y vehículos, se producen en la zona extracciones de áridos, que están entre “las peores afectaciones que están teniendo lugar".

SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción Lanzarote señalaron que dado que tenían conocimiento sobre esta situación “desde hace meses”, en marzo remitieron una petición de información ambiental al Servicio de Minas de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio en la que preguntaban por el estado actual de las autorizaciones de extracción, ya que la información del portal de datos del Gobierno de Canarias se encuentra desactualizada. No obstante, los ecologistas denunciaron no haber recibido ninguna respuesta por parte de la Administración hasta ahora.

Más adelante, en el mes de julio, los ecologistas solicitaron que se paralizaran las autorizaciones en trámite. Tampoco han recibido una respuesta oficial a esta petición.

En una nueva notificación al hilo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la ‘Cantera Blanca’, la Consejería de Industria, Turismo y Comercio denegó la autorización de extracción de áridos indicando que se tiene constancia de que ya se ha iniciado la actividad extractiva, pese a no haber concluido dicho procedimiento de evaluación de impacto, con arreglo a una ley de Evaluación Ambiental.