La pandemia ha modificado muchas cosas desde marzo. Se produjo la declaración y sucesivas prórrogas del estado de alarma y numerosos problemas en su compleja organización, improvisándose diversos modelos, que no se habían experimentado previamente, y, en consecuencia, han generado inseguridad jurídica y controversias sobre las restricciones de derechos y la eficacia de las medidas.

La unidad de los partidos, también en la lucha contra el virus, pese a ser una evidente dirección política de Estado, ha sido bastante escasa. Pese a todo, el documento señala que el Estado autonómico parece haberse fortalecido en la fase descentralizada de la alarma donde las comunidades autónomas han asumido importantes responsabilidades.

Se ha intensificado el ejercicio de las competencias estatales y autonómicas en materia de sanidad, evidenciándose problemas en la coordinación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que la pandemia ha revitalizado. Así, impulsadas por las necesidades creadas por la pandemia y la intensa descentralización de las medidas, se han celebrado 17 Conferencias de Presidentes, y 66 reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

También ha habido dos reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero la eficiencia de la coordinación ha sido mejorable. El informe analiza a lo largo de 437 páginas las distintas aristas de la actividad de las autonomías durante el ejercicio pasado.

De este modo y además de dedicar un capítulo a analizar la realidad de cada una de las 17 autonomías en 2020, recoge en tres monográficos un sucinto análisis de las relaciones entre Estado y comunidades autónomas durante la pandemia que firma el profesor Francisco Velasco Caballero, una disección de la Ley de Derecho a la Educación y su impacto para las autonomías, realizada por la profesora María Isabel Álvarez Vélez, y un detallado examen del desafío implícito al programa NextGenerationEU, a cargo de los profesores Alfredo De Feo y Tomás Ruiz de la Ossa.

El año autonómico ha vuelto a caracterizarse por el largo conflicto político y la inestabilidad en Cataluña. Se creó al principio del año un Mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat pero su trabajo ha estado prácticamente suspendido por la radicalización de las posturas y la necesidad de concentrarse en la solución de los urgentes problemas provocados por la epidemia.

Los órganos judiciales condenaron a la pena de inhabilitación de Quim Torra por desobedecer reiteradamente las instrucciones de la Junta Electoral Central, lo que produjo su cese como presidente de la Generalidad. Sobrevino entonces una disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones el 22 de diciembre ante la imposibilidad del Parlamento catalán de elegir un nuevo presidente.

Los comicios se celebraron en febrero de 2021 y mantuvieron el impasse o bloqueo de la situación. Sigue otro año la inestabilidad en Cataluña, internamente, dentro del Consejo Ejecutivo y el Parlamento, y, externamente, en su relación con el Estado. En palabras de los autores, “el conflicto contamina el funcionamiento del Estado autonómico”.

Por ello, quizás urge esperar hasta que las cosas caigan por su peso, o se resuelvan por agotamiento, o porque finalmente se encuentre quien asuma la responsabilidad política de la dirección de un proceso unilateral de secesión, sin respeto a las leyes, largo, costoso, con escasos frutos y que ha provocado serios problemas de gobernabilidad.

Este ‘año Covid’ ha supuesto también un nuevo retraso en la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, y que se analiza en el capítulo del informe firmado por Jesús Ruiz-Huerta y Francisco J. Loscos, para quienes el nuevo modelo debería contemplar por un lado la necesidad de revisar los desequilibrios entre comunidades autónomas y Gobierno y, por otro, las desigualdades en financiación entre autonomías de régimen especial o foral y de las de régimen general deberían abordarse, previendo unos mecanismos de convergencia progresiva, como el refuerzo de ciertos fondos y la mejora del modelo de nivelación.

Además, las autonomías han estado pendientes de adaptarse al trabajo telemático, la disminución de la actividad legislativa al tiempo que aumentaba el número de decretos leyes, el aplazamiento de las elecciones en el País Vasco y Galicia, el deterioro de la economía y el consecuente incremento del gasto público y las medidas de recuperación europeas, diversos modelos constitucionales de alarma, el caso de Madrid, la autorización judicial de las medidas sanitarias y ciertos desencuentros, aunque contenidos, en algunas comunidades autónomas.

El ‘Informe de las Comunidades Autónomas’ se elabora desde hace ya más de tres décadas y es fruto de un laborioso trabajo que cuenta con la colaboración de diversos académicos de las distintas comunidades autónomas. Un profesor universitario de cada comunidad examina la actividad institucional de la misma durante el año y otros profesores estudian las principales normas y políticas públicas del Estado autonómico.

Son en total más de 30 profesores de Derecho Público, dirigidos por Eliseo Aja y Javier García Roca, catedráticos de las Universidades de Barcelona y Complutense de Madrid. Su publicación se enmarca en la celebración del X Foro de las Autonomías, espacio de debate entre los responsables autonómicos de las políticas públicas y académicos expertos en esas materias, gracias a la colaboración de la Fundación Giménez-Abad y el Senado de España.