A través de un comunicado, APPA denunció que este plan debió salir en 2010 en lugar de al final de una legislatura "en la que la seguridad jurídica se ha visto seriamente afectada".

El PER marca un objetivo del 20,8% de energías renovables en el consumo final bruto de energía en 2020 cifra que, según APPA "es sólo ligeramente superior al compromiso vinculante del 20% marcado" en la directiva europea.

Para este colectivo, el Gobierno que salga de las urnas el 20 de noviembre tendrá ante sí una "gran tarea para garantizar la seguridad jurídica y alcanzar los objetivos vinculantes en materia de renovables para 2020".