Así lo manifestó al comienzo de su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para informar sobre el citado caso y sobre la retirada definitiva de las tropas españolas de Afganistán. Robles avanzó que la actuación en este episodio se realizó “bajo una premisa fundamental, que es el compromiso del Gobierno de España con la legalidad y con las razones humanitarias”.

En relación con la entrada de Gali hay abierto un proceso judicial por el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, en el que es investigada la exministra de Exteriores Arancha González Laya y en el que han declarado varios funcionarios públicos. El líder del Polisario tenía una causa pendiente en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de lesa humanidad. Tras prestar declaración ante el juez Santiago Pedraz, quedó en libertad sin medidas cautelares y regresó a Argelia.

Robles aseguró que la información que consta en el Ministerio de Defensa es que una aeronave tomó tierra en el Aeropuerto de Zaragoza el día 18 de abril a las 19.25 horas, y se “trataba de una aeronave de Estado de la República Argelina Democrática y Popular”, que “por razones de seguridad, y conforme a la práctica habitual para todas las aeronaves de Estado”, fue conducida a la plataforma militar.

Según la ministra, dicha aeronave tenía autorizado su aterrizaje en el Aeropuerto de Zaragoza, conforme al plan de vuelo que con anterioridad se había remitido “y a la condición de aeronave de Estado, en el marco de la autorización diplomática permanente del Reino de España a favor de la República Argelina Democrática y Popular para 2021”.

Esa autorización permanente, recalcó Robles, “fue concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación”, y la misma, señaló Robles, “tiene una validez desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año”, y se extiende para “vuelos VIP, para vuelos de transporte de personal y material, ayuda humanitaria, navegación, y mantenimiento y evacuaciones médicas”. Estas autorizaciones diplomáticas, que recordó, “otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores”, responden “con toda normalidad” a un principio de reciprocidad entre los países.

Margarita Robles enfatizó que “solo puedo informar que las escalas de las aeronaves de Estado no son en absoluto competencia del Ministerio de Defensa”, que se limita, dijo, “a coordinar condiciones técnicas”, que se coordinan con el ministerio correspondiente, “que tiene las competencias”, a través de las autoridades del Ejército del Aire “que actúan, como no puede ser de otra manera y como hacen siempre, en el marco legal correspondiente”.

Finalmente, añadió que “en lo que se refiere al Ministerio de Defensa, y desde el Ejército del Aire, se coopera en todo aquello que le ha sido requerido”. En consecuencia, dijo “no puedo extenderme más allá, porque, ni es competencia de mi departamento, y en todo aquello en lo que ha sido competencia se ha informado”, apostilló.