Con este prometido avance en medios materiales, resultado del plan de modernización impulsado en el ámbito de la administración de justicia, se evitarán errores judiciales como el que permitió que el presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, estuviese en libertad cuando sobre él pesaba una condena que no llegó a ser ejecutada.

Bravo declaró a Servimedia que su deseo es que la administración de justicia pueda contar con un sistema informático que tenga una eficacia y una interoperabilidad comparables a la que presentan en la actualidad Sanidad o Hacienda.

En este sentido, aseguró que la razón por la que la justicia no cuente con los mismos medios materiales e informáticos que otras administraciones e instituciones se debe a que “tradicionalmente ha sido la gran olvidada”, independientemente del “color político” del Gobierno de turno.

En el ámbito de la modernización de la justicia, la portavoz del CGPJ destacó que, a su entender, España se encuentra en un momento histórico porque en la actualidad se conjugan “proyecto, voluntad política y la mayor inversión económica en justicia en 30 años de democracia”. “Es un buen motor de arranque”, dijo.

Aún así, se mostró convencida de que los 600 millones de euros que se van a destinar para mejorar los medios materiales de los juzgados y tribunales “no van a ser suficientes” para lograr los objetivos y añadió que en el futuro “habrá que invertir más”.

Por último, Bravo dijo dudar de la necesidad de incorporar más funcionarios a los juzgados porque, a su entender, “la informatización y la nueva estructura de la oficina judicial va a permitir que se optimicen los recursos”. “Con una buena organización quizás necesitemos menos funcionarios”, señaló.