Si la enmienda de los Comunes promovía la supresión de los apartados 17 y 18 de la Disposición Final cuarta de la ley de Montero, que modificaban los artículos 187 y 187 bis del Código Penal de 1995, que despenalizó la tercería locativa, la de los tres partidos independentistas catalanes propone una nueva redacción de esos dos artículos, de forma que precisen que, para que los establecimientos donde se ejerza la prostitución incurran en delito, tenga que existir explotación o una relación de dependencia y subordinación entre el propietario del local y la prostituta.

Así, por un lado, el Código Penal establecería “la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de seis a dieciocho meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de la misma”, y precisaría que “se entenderá que hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación”.

Además, añadiría: “El que con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, o cualquier otro espacio, abierto o no al público, a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años, y multa de seis a dieciocho meses, sin perjuicio de la clausura prevista en el artículo 194 de este Código”. En ambos casos, la pena se impondría "en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso.”

La justificación de la enmienda de ERC, JxCAt y la CUP explica que “una ley que parte del consentimiento expreso puede convertirse en una ley de consenso dentro del feminismo y que recoja un acuerdo general”, mientras que “la introducción de una excepción a este consentimiento y en un tema complejo como es la prostitución o el trabajo sexual que no se aborda por completo sino solo parcialmente y en referencia a la tercería locativa, que ya fue suprimida del Código Penal en la reforma de 1995, introduce una distorsión respecto de la finalidad y el espíritu de la norma”.

“En ningún caso esta ley puede representar un paso atrás en los derechos de las mujeres y, desde el punto de vista feminista, si se pretende garantizar la libertad de las mujeres o de las personas trans a la hora de disponer de su cuerpo, la ley entra en una absoluta contradicción porque, por un lado, proclama la libertad en este sentido, pero por el otro, agrava la situación, impidiendo el acceso a unos espacios que les garanticen seguridad y llegando al extremo de poner en peligro la propia vivienda, perpetuando las situaciones de vulnerabilidad, discriminación y estigmatización”, añade en clara alusión a las trabajadoras sexuales que ejerzan libremente y sin coacción.

La existencia en Cataluña de potentes organizaciones de trabajadoras sexuales que reclaman su derecho a ejercer libremente ha sido determinante para que tanto la confluencia catalana de Unidas Podemos como los tres partidos que se presentan a las elecciones únicamente en esa comunidad coincidan en discutir la tercería locativa.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya adelantó ayer en rueda de prensa que el grueso del grupo parlamentario no aceptaría incorporar a la ley del ‘sólo sí es sí’ la enmienda de sus compañeros catalanes, y ésta tiene pocos visos de salir adelante, toda vez que el PSOE se ha comprometido con la abolición total de la prostitución, sea voluntaria o no, y que la propia Montero, responsable última de esta ley, también se ha confesado personalmente abolicionista.