En declaraciones a Servimedia, la responsable de Infancia y Migraciones de dicha entidad, Sara Collantes, calificó el Real Decreto aprobado ayer de “hito histórico”, aunque admitió que “por sí solo no soluciona todos los problemas que afectan a la infancia no acompañada en nuestro país”.

Por ello, reclamó “una estrategia integral para niños migrantes no acompañados y un nuevo modelo en la gestión de las crisis humanitarias con enfoque de infancia”.

En su opinión, “se debe reformar todo el sistema de acogida en lo que se refiere a los menores no acompañados”. “Es preciso agilizar los procesos para el reconocimiento de la tutela efectiva" por parte de las comunidades y ciudades autónomas, apuntó, para evitar “colapsos como los que se han vivido en Ceuta o en Canarias”. Se necesitan también más funcionarios, y abogó por reformar todo el procedimiento de acreditación de la edad.

Entre las novedades de la reforma, Collantes se felicitó por que finalmente se permita a estos menores la posibilidad de trabajar a partir de los 16 años, así como por permitir que las organizaciones que los atienden puedan intervenir en el registro.

Consideró también “un avance muy importante” la rebaja de las exigencias económicas sobre medios propios que estos jóvenes deben acreditar para acceder a la residencia al cumplir la mayoría de edad, y que pasan de 2.200 euros al mes a unos 470 euros mensuales (la referencia será el Ingreso Mínimo Vital).

“Ahora bien, es preciso que estos jóvenes tengan un lugar al que ir cuando cumplan los 18 años”, con lo que exigió “medios y soluciones imaginativas para impulsar itinerarios de inserción y centros de acompañamiento” que faciliten esta transición.

Por último, Collantes aplaudió el carácter retroactivo del nuevo reglamento para facilitar que unos 7.000 jóvenes entre 18 y 23 años accedan a la documentación. “Solo así podrán apuntarse a un curso, buscar un trabajo y continuar con su proceso de integración, que es lo que quieren todos”, recalcó.

En su opinión, esta reforma “proporciona una pasarela jurídica muy importante para que ningún joven se vea en la calle al cumplir los 18 años de edad”. “Desde luego que todo esto debe ir acompañado de recursos sociales y de otras reformas, pero era un paso muy necesario, que las organizaciones llevamos más de 10 años demandando”, concluyó.