“Serán ustedes, los que gobiernan con el PP en algunas comunidades autónomas, los que tendrán que rendir cuentas ante sus ciudadanos por la no aplicación de esta normativa”, espetó en una respuesta en la Cámara Alta al senador popular Pedro Manuel Rollán, que se interesaba por el porcentaje de potenciales beneficiarios del control de los precios cuando los pisos en manos de grandes propietarios son apenas 150.000 o el 5% de los 3,2 millones de hogares en España, y las regiones donde gobierna el PP “afortunadamente” han anticipado que no aplicarán los topes.

El senador popular reprochó al Gobierno “claudicar” frente a una “imposición” de Unidas Podemos para apoyar los Presupuestos con una medida “tan descabellada como perjudicial para los que quieren acceder a una vivienda”. Lo enmarcó en “esa carrera por el gratis total” donde también han anunciado un cheque joven para el alquiler, cuando el PP defiende que hay que promover el empleo para que los jóvenes se puedan pagar la renta y aumentar el parque de casas en alquiler.

“Plantea usted una pregunta sobre una premisa que es muy poco ajustada a la realidad”, replicó la ministra, desmintiendo que la Ley de Vivienda vaya a “imponer, con carácter general y universal, una suerte de limitación a todas las viviendas para que se limiten los precios del alquiler”. A continuación, arremetió contra “el modelo del PP” que “nos ha traído hasta la problemática que vivimos en la actualidad con la vivienda: liberalizar el suelo, que es lo que ustedes hacían y lo hacían muy bien en interés solo de unos pocos”, o argumentar que con un empleo ya pueden permitírsela.

“Con un sueldo no basta para poder acceder a la vivienda”, prosiguió, y explicó que la futura ley establecerá “una serie de condiciones” y “un marco estable para poder hacer efectivo el derecho y el acceso a una vivienda digna en condiciones asequibles para el conjunto de los ciudadanos”, cuya aplicación dependerá de las comunidades autónomas.

Entre las condiciones, recordó que se habilitarán incentivos fiscales a los grandes propietarios, que en la mayoría “no son personas jurídicas, no son fondos de inversión, son grandes propietarios, pero que son personas físicas que tienen el 85% del parque de vivienda en alquiler en nuestro país”, junto a bonificaciones y herramientas que ayuden a “plantear una congelación, en algunos casos, incluso, una rebaja de los precios” en áreas tensionadas.