En un comunicado, las asociaciones de los Cuerpos Superiores de Abogados del Estado, Diplomáticos Españoles, Inspectores de Hacienda del Estado, Interventores y Auditores del Estado, y Técnicos Comerciales y Economistas del Estado notificaron la firma de un documento conjunto que han remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública, así como a los órganos ministeriales de los que dependen, en el que expresan su inquietud ante los posibles cambios que podrían implementarse en el sistema de acceso a sus respectivos cuerpos.

En su carta, las asociaciones advierten de que “modificaciones radicales” podrían tener consecuencias indeseadas” en el servicio que se presta al ciudadano.

Así, estas cinco asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (AGE), solicitan a las autoridades competentes participar en este proceso de reforma y les ofrecen su colaboración y asesoramiento sobre las especificidades y necesidades a tener en cuenta en los procesos selectivos de cada Cuerpo Superior.

El grupo firmante del documento considera que “no se debe ir en contra del esfuerzo, de la memoria y del conocimiento” y, por ello, plantean una serie de premisas que consideran que deberían tenerse en cuenta a la hora de desarrollar la futura reforma.

En primer lugar, continuar con el sistema de acceso por oposición, al considerar que “el sistema actual ha garantizado el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad, la necesaria especialización y la búsqueda de la excelencia”.

También piden “agilizar los plazos de los procesos de selección”; proponen “mantener la parte teórica-memorística y complementarla (no sustituirla) con la parte práctica”; plantean adaptar los cursos de acceso selectivos posteriores a la fase de oposición, para que incluyan formación teórica y práctica; fomentar la promoción interna “manteniendo el nivel de exigencia”; y establecer tribunales calificadores multidisciplinares, con presencia del cuerpo al que se oposita.

Además, también abogan por “promocionar y dar a conocer a la opinión pública los distintos cuerpos de la Administración, muchos de ellos desconocidos para los potenciales opositores, además de fomentar los sistemas de preparación virtual de oposiciones para atraer talento desde cualquier parte de España”. Para ello, defienden la implementación de un sistema de becas para la preparación de oposiciones que podría ser complementado con créditos blandos con aval público o préstamos públicos.

Otra propuesta de estas asociaciones es “reducir el riesgo de opositar”, favoreciendo “el reconocimiento de los años de preparación, aunque al final la meta no se haya podido alcanzar”, y otorgando para ello una certificación oficial que acredite haber superado pruebas durante la oposición, que sirvan de acreditación y reconocimiento para el currículum vitae.

Por último, abogan por “favorecer la retención del talento”, haciendo que los empleados públicos “vean en la Administración un lugar en el que crecer y desarrollarse profesionalmente”, para lo que proponen fomentar la profesionalización de los directivos públicos, articular un sistema de evaluación del desempeño para todos los funcionarios, y favorecer la conciliación de la vida personal y profesional, con flexibilidad horaria y el fomento del teletrabajo, así como mejorar el actual sistema de retribución de los directivos públicos.