Según ha explicado Flores, la tarea básica de este consejo será la emisión de informes relativos a los instrumentos previstos en la ley para la adecuación del sistema y estará integrada por representantes de las administraciones, empresarios y sindicatos, así como asociaciones de personas mayores, con discapacidad y consumidores.

De entre las medidas que contempla la ley, destacan aquellas que ofrecen protección específica de los desplazamientos peatonales y en silla de ruedas. Es el caso de la adaptación de las aceras, andenes o viales así como la creación de la línea roja, que se concibe como una nueva marca vial que indica aquellos sitios (vado, aceras, paradas de autobús, etc.) en donde el estacionamiento de un vehículo privado impide el paso de las personas con movilidad reducida.

Así mismo, establece legalmente la existencia de plazas reservadas para las personas con movilidad reducida. Por ejemplo, en el transporte público de viajeros, el mínimo de asientos reservados será del 10 por ciento del total del vehículo y los tranvías o trenes dispondrá de un espacio mínimo que permita la ubicación de un número de sillas de ruedas igual al 2 por ciento del número total de asientos.