Su previsión la incluye dentro del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 remitido al Congreso y frente, precisamente, a la polémica suscitada por dicho paquete de ayudas, aprobado en marzo pasado y que tras el verano seguía sin distribuir un 50% de su importe conforme a algunos cálculos de círculos empresariales.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) limitaba recientemente a un escaso 10% el porcentaje de autónomos que han podido acceder a dichos recursos y el fondo ha recibido, incluso, quejas de algunas comunidades autónomas, responsables últimas de su distribución, por las restrictivas condiciones exigidas para su acceso.

Una situación que llevó al Gobierno a modificar el pasado mes de septiembre el decreto de marzo en un intento de desatascar su concesión y reguló en dos direcciones: por un lado, amplió el plazo para que empresas y autónomos puedan beneficiarse de estos fondos; y, en segundo término, aclaró que podrán solicitarlas empresas con pérdidas contables generadas durante el periodo de cobertura.

Esta última condición es clave, ya que las comunidades autónomas interpretaron con el primer decreto que no podían conceder los fondos a empresas en 'números rojos' aunque hubiesen sido por soportar los costes fijos asociados a su negocio sin generar actividad o ingresos por culpa de la pandemia, quedándose así fuera de las ayudas la inmensa mayoría de los negocios.

En cuanto al plazo, la modificación permitirá a empresas y autónomos presentar facturas para el pago de deudas y costes fijos asumidos desde marzo del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021. El primer decreto limitaba esos recibos al 31 de mayo.

Las ayudas fueron ideadas para sufragar costes de todo tipo tales como salarios o arrendamientos y suministros, pagar a proveedores o devolver deudas generadas, inicialmente, entre marzo de 2020 y mayo de 2021.

En el Proyecto de Presupuestos el Gobierno indica que, además de este paquete de recursos, hasta el pasado julio se habían avalado más de 1,1 millones de operaciones a través de programas del Instituto de Crédito Oficial (IC0) de liquidez e inversión, movilizando una financiación de más de 131.000 millones de euros.

Conforme figura en las cuentas públicas, estos programas de avales "han conseguido evitar problemas de acceso a la liquidez de empresas y autónomos" y, junto al resto de medidas de alivio de deuda y de ayudas a empresas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), habían tenido "un impacto significativo para reducir el riesgo de quiebra generalizada de empresas, devolviendo los indicadores de solvencia a los niveles previos a la pandemia".

La situación creada por la pandemia de Covid y, según sus estimaciones, habría disparado desde un 11 al 33% el porcentaje de empresas viables con déficits de liquidez, pero la cifra ha caído al 17% con medidas como la liquidez del ICO o los ERTE y al 9% solo con el citado paquete de 7.000 millones de euros.