La FAPE considera “absolutamente improcedente” el oficio dictado por la jueza y recuerda que el secreto profesional de los periodistas tiene una doble finalidad: de un lado, ampara al periodista de los requerimientos de terceros (la Administración o los tribunales) para que revele sus fuentes y, de otro, ampara también a la fuente que le ha suministrado la información.

"Por lo tanto, Ignacio Escolar no está obligado a revelar la identidad de sus fuentes. El secreto profesional es un derecho constitucional de los periodistas (artículo 20 de la Carta Magna) y la base de una libre información. No se trata solo de un derecho de los periodistas, sino también de un deber: el de proteger la identidad de las fuentes y, al mismo tiempo, garantizar el derecho de información de los ciudadanos”, destacó el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez.

“A nuestro entender, la orden de la jueza vulnera de forma flagrante el secreto profesional de los periodistas. El pretexto de la investigación judicial de un delito no puede servir de excusa para cercenar un derecho constitucional”, agregó.

El Código Deontológico de la FAPE señala que “el periodista garantizará el derecho de sus fuentes informativas a permanecer en el anonimato, si así ha sido solicitado. No obstante, tal deber profesional podrá ceder excepcionalmente en el supuesto de que conste fehacientemente que la fuente ha falseado de manera consciente la información o cuando el revelar la fuente sea el único medio para evitar un daño grave e inminente a las personas”.

El periódico recuerda que “no es la primera vez que esta magistrada y ‘eldiario.es’ se encuentran inmersos en cuestiones jurídicas relacionadas con el derecho a la información. Durante un brevísimo periodo a finales de 2019, María Cristina Díaz llevó la querella de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes contra los periodistas Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, a los que se acusaba de un delito de revelación de secretos por las informaciones del ‘caso máster’. En aquella ocasión, la magistrada decidió inhibirse de la causa, alegando amistad personal con Cifuentes. María Cristina Díaz había sido alto cargo del Gobierno de Madrid, como directora general de Justicia, entre otros puestos nombrados por el PP”.