La PNL, promovida por el secretario tercero de la Mesa del Congreso y secretario de Educación de Podemos, Javier Sánchez Serna, y la también diputada Martina Velarde, recuerda que el Concordato, firmado en 1956, no fue derogado por los acuerdos suscritos en el período 1976-1979, que lo apuntalaron, para que “la Iglesia reciba cada año del erario público unos 11.000 millones de euros” y no pague el IBI. Algo que contrasta con la aconfesionalidad que establece la Constitución.

Como medidas concretas, la iniciativa insta a “impulsar la supresión de la asignación tributaria a la Iglesia católica y poner fin a la financiación pública y las exenciones fiscales a las confesiones religiosas”, “eliminar del sistema educativo la enseñanza de la religión”, “recuperar el patrimonio inmatriculado por la Iglesia católica” entre la Ley Hipotecaria de 1946 y su limitación y regulación en 2015 y “promover la investigación de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica”. Además, se denuncia el Concordato y otra serie de acuerdos firmados entre España y el Vaticano.