Durante la rueda de prensa de presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 en el Congreso de los Diputados, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunció esta medida cuyo objetivo es cancelar la deuda comercial de las entidades locales anterior al 1 de julio de 2021.

De esta forma, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, explicó que la administración central se hará cargo de una deuda por un valor total de alrededor de 2.000 millones de euros de aquellas entidades locales con dificultades para cumplir con el periodo medio de pago a proveedores (PM), establecido en 30 días. Bardón apuntó que se trata de la deuda de 1.670 entidades locales de las que la mayoría son ayuntamientos, aunque también afecta a alguna diputación provincial.

En concreto, el ‘libro amarillo’ de las cuentas públicas de 2022 indica que la medida irá destinada a aquellas entidades cuyo período medio de pago a proveedores excediese de 30 días en diciembre de 2020 o marzo o junio de 2021.

La medida requerirá, en todo caso, la aceptación de los proveedores para percibir el importe de sus derechos de cobro por este mecanismo, que se limitarán al principal de la deuda, ya que aquella aceptación implicará la renuncia a la percepción y exigencia de intereses de demora, costas y conceptos accesorios.

El objetivo de la medida es adecuarse al dictamen motivado de la Comisión Europea dirigido a España, publicado el 9 de junio de 2021, que indicaba los incumplimientos de la normativa de medidas de lucha contra la morosidad por las corporaciones locales.

En cualquier caso, Hacienda resalta en el ‘libro amarillo’ que “no existe un problema generalizado de morosidad de las administraciones públicas españolas, ni de las entidades locales, ya que el 80% de ayuntamientos y diputaciones provinciales presentan un período medio de pago a proveedores que se sitúa en el entorno de 30 días”.