Este órgano, adscrito al Ministerio de Consumo pero participando de la política del Ministerio de Sanidad, dispondrá de esa cuantía para llevar a cabo actuaciones dirigidas a garantizar el derecho de los ciudadanos a una alimentación “segura y saludable”, incluyendo la nutrición, la promoción de las dietas saludables, el ejercicio físico y el control de la obesidad.

Todo ello “asegurando” la comunicación, información y formación “objetiva” a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario español.

Tal y como ya adelantó el departamento de Alberto Garzón, el presupuesto del Ministerio de Consumo para el próximo ejercicio asciende a 57,18 millones de euros, un 20,36% superior con respecto a las actuales cuentas, con 8,57 millones procedentes de los fondos asignados a través del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los principales programas presupuestados estarán relacionados con la seguridad alimentaria y nutrición (32%), la protección y la promoción de los derechos de los consumidores (26%) y la regulación del juego (20%).

Entre los “proyectos estratégicos” de Consumo para 2022 destaca la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pendiente desde 2008, de modo que, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, España cuente con un plan “efectivo” a cinco años vista, que garantice el acceso a alimentos “seguros y nutritivos en condiciones de igualdad a toda la población” y para ello reservará una partida de 456.200 euros.

Otra de las líneas de trabajo que Consumo incorpora en esta materia en el nuevo ejercicio presupuestario es la promoción del consumo de alimentos de proximidad con el fin de “conectar” a consumidores con productores de cercanía en el comercio de alimentos sostenibles.

De un lado, persigue así seguir incrementando la “concienciación” con hábitos de vida saludables y, por otro, “combatir” la despoblación en el ámbito rural, fomentando y promocionando la industria alimentaria familiar, artesana y de producción ecológica.

Con todo, la competencia que experimenta un mayor aumento en el presupuesto es la de regulación del juego ‘online’, con un 66,08% con respecto a 2021, si bien, si se añaden a este crecimiento las inversiones procedentes de fondos europeos de recuperación, el incremento de inversiones para la vigilancia y control del mercado de apuestas asciende hasta el 110,11% y, además, las inversiones en campañas para la prevención de la ludopatía ascenderán hasta los 1,5 millones de euros.

Otra de las partidas relacionadas con la protección de personas con posible trastorno del juego está dedicada a la financiación de la interconexión de los registros de personas autoprohibidas, prevista para 2022, teniendo en cuenta que, en este momento, los controlan de forma independiente las comunidades autónomas y el Gobierno central.

En cuanto a las políticas de protección de consumidores, destaca el incremento de los fondos destinados al desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo, mecanismo extrajudicial para la resolución de conflictos entre consumidores y empresas, que aumenta su inversión un 50% y cuya promoción tendrá en 2022 un “gran peso” presupuestario.

Junto a él, otro de los proyectos “estratégicos” del Ministerio de Consumo para 2022 tiene que ver con el aumento del comercio ‘online’ y las políticas de vigilancia del mercado de compras en Internet y, para ello, invertirá medio millón de euros en la puesta en marcha del Observatorio de Internet, que tendrá como fin combatir los fraudes en el entorno digital. De esta forma, Consumo inicia un proyecto de “apoyo” a las autoridades autonómicas de vigilancia de mercado e incorporará, además, un gestor ‘online’ de consultas y reclamaciones de consumidores para el comercio en Internet.