Lo dijo durante su respuesta a la interpelación urgente de la diputada de Vox Mireia Borrás sobre las medidas que va a desarrollar el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para ejecutar el compromiso de bono joven formulado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ione Belarra lamentó las críticas del PP y Vox a esta norma, las cuales, confesó Belarra, sólo se entienden por el hecho de que su aplicación “podrá freno a sus negocios y corruptelas con la vivienda pública”, ejemplificados en la “aberración” que supuso la venta de viviendas públicas a fondos buitre cuando Ana Botella ejercía como alcaldesa de Madrid.

También recordó que “una de las grandes propietarias de viviendas” en España es la exministra de Agricultura Isabel García Tejerina y rememoró la aparición de constructores en los llamados ‘papeles de Bárcenas’.

Del mismo modo, evocó que la Comunidad de Madrid “se niega” a cumplir la sentencia judicial que le obliga a recuperar las 2.935 viviendas sociales vendidas en 2013 a Goldman Sachs y censuró que aprobara sin quórum la “reforma más antidemocrática” de la ley del suelo regional, lo que motivó su recurso ante el Tribunal Constitucional.

A su vez, expuso que el “matrimonio Espinosa de los Montero-Monasterio” protagonice “turbios negocios financieros” vinculados a la vivienda y que la propia Rocío Monasterio firmara obras “sin ser arquitecta”.

Ante esta situación, subrayó la necesidad de “poner fin a la especulación inmobiliaria”, lo que le dio pie a espetar al PP y a Vox que “son parte interesada en proteger los negocios inmobiliarios y los fondos buitres; nunca serán parte de la solución, porque son parte del problema”.

Por otro lado, Ione Belarra alertó de que los inquilinos destinan en España entre el 40% y el 50% de su sueldo al alquiler, “un lastre que asfixia a las familias e impide a los jóvenes emanciparse”, una realidad ante la que ningún gobierno, hasta el actual, defendió, había actuado para “poner orden a un mercado asalvajado”.

En ese sentido, propugnó que la ley de vivienda que próximamente aprobará el Gobierno supone un “cambio de paradigma, un cambio cultural” por el cual “la vivienda dejará de ser un bien para ser un derecho”.

La ministra detalló que esta norma “mira al futuro” para “paliar el déficit de vivienda social” en España, lo que ha obligará a legislar para que se reserva un 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida, del cual el 50% tendrá que ser vivienda social.

“Al PP y a Vox no les gusta la idea de que en sus barrios de gente bien haya gente normal, pero se van a tener que guardar su clasismo en un cajón”, advirtió.

Belarra concluyó su intervención aseverando que “los jóvenes están hartos de ser los platos rotos de las crisis”, a pesar de ser el mascarón de proa en las marchas del 8-M y en las movilizaciones ecologistas, por lo que es un “deber de las instituciones públicas darles herramientas eficaces para que tengan vidas plenas”.

Por su parte, Mireia Borrás desdeñó el bono en materia de vivienda y el cultural para jóvenes como un “regalo que sale de esquilmar a los padres, que no pueden llegar a fin de mes ni pagar el recibo de la luz”, por lo que consideró más pertinente llamarlo “cartilla de racionamiento, cartilla de alquiler y cartilla cultural”.

Arguyó que las medidas que tiene previsto impulsar el Gobierno en materia de vivienda “provocarán una contracción aún mayor de la oferta, con el consiguiente aumento de precios, dificultando el acceso a la vivienda para los jóvenes y las familias”.

Denunció que las medidas contempladas en la referida ley son “desiguales, porque dependen de cada territorio” para su aplicación, e “ideológicas, porque sólo lo aplicarán los ayuntamientos que controlan”.

A su juicio, “la forma para mejorar la vida de la gente no es a través de la ley y el decreto”, al tiempo que acusó al Gobierno de “mentir” sobre la presencia de los fondos buitre en el mercado inmobiliario, ya que éstos “sólo tienen el 5% de las viviendas en sus manos”.

Esto le dio pie para presentar las líneas maestras de Vox en materia de vivienda: “rebajar el sablazo fiscal a los promotores”, endurecer el Código Penal para afrontar el fenómeno de la ocupación y “garantizar un techo a todo español en situación de necesidad”.

Por último, redujo el bono cultural como una herramienta para “comprar nuevos votantes al estilo chavista” y se autoproclamó en portavoz de los jóvenes para atestiguar que éstos únicamente “quieren un sueldo de calidad, vivir en libertad y una casa digna para desarrollar su proyecto de vida”.