El Congreso convalidó así el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 31 de octubre; por lo que respecta a Lorca, este decreto ley supuso una modificación del aprobado el 13 de mayo, dos días después del terremoto, para corregir sus deficiencias.

La defensa de las ayudas y medidas aprobadas por el Gobierno corrió a cargo del ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, quien reconoció que los problemas principales derivados del terremoto de Lorca aún están "pendientes de resolución" y que su reparación plena "va a tardar en hacerse" y "va a requerir también esfuerzos de los próximos gobiernos".

No obstante, defendió las nuevas medidas, pactadas con el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y el alcalde de Lorca, Francisco Jódar. Entre otras cosas, porque la convocatoria electoral impidió la tramitación del primer decreto como proyecto de ley y la presentación de enmiendas por los grupos.

Además, se mostró comprensivo con la imposibilidad alegada por el Gobierno autonómico de aportar el 50% del montante que le correspondería de acuerdo con el reparto competencial.

Jáuregui calificó de "muy necesaria" la actuación complementaria decidida por el Gobierno para rehabilitar los locales comerciales (1,5 millones este año y otros tantos en 2012), pues casi todos ellos sufrieron daños estructurales en la planta baja. También anunció ayudas de hasta 3.000 euros por vivienda para indemnizar los daños en bienes comunes, como los ascensores.

Además, expuso que se ampliará el plazo de amortización de las ayudas, que se bonificará la mitad de los aranceles al registro de nuevas sociedades limitadas y a las acciones jurídicas relacionadas con la rehabilitación, que Sanidad destinará un millón de euros para reparar instalaciones hospitalarias y que las empresas que ayuden a rehabilitar monumentos gozarán de incentivos fiscales.

Sobre la isla de El Hierro, anunció la exención de cuotas del IBI y el impuesto de actividades económicas a los damnificados, el aplazamiento de las cotizaciones sociales y que los movimientos sísmicos se entenderán como causa de fuerza mayor para las empresas que inicien EREs. Por último, certificó la apertura de una línea ICO por valor de 15 millones y la puesta en marcha de un plan de regeneración ambiental.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Entre los portavoces de los grupos, la de Coalición Canaria, Ana Oramas, se centró en su isla para criticar que el decreto-ley no precisa el "cuánto" ni el "cuándo" de las ayudas.

También rechazó que las cotizaciones se aplacen en vez de cancelarse, lo relativo a los EREs y que se deje a los bancos la facultad de conceder o denegar los creditos. Pese a todo, votó a favor del decreto-ley.

Por el contrario, Gaspar Llamazares (IU) se abstuvo, y criticó la "parsimonia" de los gobiernos central y murciano, que sólo han resuelto la quinta parte de las peticiones de ayuda y sólo han pagado 900.000 euros de los 11,9 millones que reclaman.

Asimismo, puso el grito en el cielo por que los bancos cancelen la claúsula de indemnización de las hipotecas cuando los damnificados perciben su ayuda.

Los representantes de PSOE, PP y PNV (Ana Fuentes, Andrés José Ayala y Pedro Azpiazu) respaldaron en líneas generales las medidas. No obstante, el diputado popular, que coincidió con Jáuregui en que las labores de reparación ocuparán a varias generaciones, señaló que el nuevo decreto-ley para Lorca demuestra que el primero resultó "claramente insuficiente", y que "lo que la ciudadanía demanda" no es el aplazamiento de los pagos sino su exención.