Desde las 9.00 horas, la Cámara Baja debatirá esta norma que contempla medidas con las que el Ejecutivo prevé rebajar la factura de la luz en un 22% hasta final de año, situándose en un gasto medio algo superior a los 600 euros anuales, una cifra similar a la registrada en 2018, según indicó el 14 de septiembre la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien presumiblemente será la encargada de defender el real decreto ley ante los diputados.

El plan de choque incluye la limitación a los beneficios obtenidos por las eléctricas, básicamente las nucleares y las hidroeléctricas, gracias a los altos precios del gas, una actuación que, según fuentes ministeriales, les supondrá un coste de 2.600 millones de euros hasta marzo de 2022, cuando se prevé que deje de estar en vigor.

Además de esta devolución de los beneficios obtenidos gracias al alto coste del gas, el paquete de medidas contempla una rebaja del Impuesto de la Electricidad del 5,1% al 0,5%, prolonga la suspensión del impuesto a la generación hasta fin de año y destina otros 900 millones adicionales de las subastas de CO2 a rebajar los cargos del sistema, alcanzando un total de 2.000 millones este año.

FACTURA DEL GAS

Por otro lado, la norma limita la subida de la tarifa regulada del gas natural (TUR) para las familias y las pymes en los dos próximos trimestres. Este trimestre crecerá un 4,4% en vez de un 28%, incremento que se produciría de aplicarse la subida del coste de la materia prima en los mercados internacionales.

También incrementa la protección de los consumidores vulnerables, las familias y las pymes, estableciendo un suministro mínimo vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes.

Además, crea un nuevo mecanismo para fomentar la contratación de electricidad a plazo, que beneficiará especialmente al tejido industrial. Se trata de subastas de las que la primera tendrá lugar este año, y en la que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP deberán subastar 15.830 megavatios hora (MWh) para que sean adquiridos por pequeñas comercializadoras y grandes industrias.

La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada –el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)– para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%. Las comercializadoras libres que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de sus clientes.

Paralelamente, se modifica la Ley de Aguas para ordenar el uso del agua como bien ambiental y social de primer orden. Así, nuevos límites mensuales al ritmo de desembalsado y volúmenes mínimos de reserva protegerán el medio ambiente y permitirán el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños.

Estas medidas de choque se añaden a las ya aprobadas el pasado mes de junio para amortiguar el impacto de la cotización del gas en la electricidad y en el conjunto de la economía, cuando el Ejecutivo rebajó el IVA sobre la electricidad del 21% al 10% hasta final de año, para suministros hasta 10 kilovatios (kW), y decidió suspender el Impuesto del 7% a la generación durante el tercer trimestre.

Con todo este conjunto de medidas, según fuentes de Transición Ecológica, la parte regulada de la factura, la que forman los cargos y los impuestos, se reducirá un 50% para un hogar medio, un 60% para una pyme y entre un 25 y un 40% para las grandes industrias.